PRONUNCIAMIENTO CONTRA DL 1015
Dirigido a beneficiar a mineras, petroleras, agro combustibles, madereras y
aumentar la exclusión, contaminación, depredación y calentamiento global
Las organizaciones campesinas e indígenas del Perú se pronuncian a la ciudadanía, los comuneros, indígenas, Estado, prensa nacional e internacional y de la opinión pública general lo siguiente:
1.- El gobierno peruano, del APRA , encabezado por el presidente Alan García Pérez, y con el apoyo de Unidad Nacional y por la derecha política, empresarial y mediática; una vez más arremete contra las comunidades indígenas campesinas de nuestro país al aprobar el Decreto Legislativo 1015, vulnerando el derecho a la propiedad comunal, el mismo que se encuentra protegido por la propia Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Peruano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la R.L. N° 26253.
2.- El Decreto Legislativo 1015 pone en peligro las tierras comunales -por tanto las Vidas y Culturas comunales como Pueblos- puesto que permite su confiscación o despojo y privatización para la reconcentración capitalista, facilitando de esta manera el ingreso de empresas dedicadas a actividades extractivas, como la minería, madera, agro combustibles e hidrocarburíferas, en territorios comunales. Para ello se ha dispuesto que en adelante la entrega en concesión, alquiler, venta, transferencia de las propiedades comunales se haga con el consentimiento del 50% más un voto de los asistentes en una Asamblea, y no como antes se requería la convocatoria a Asamblea en forma específica con agenda para la disposición del territorio y se aprobaba con los dos tercios de votos calificados del padrón comunal. El resultado en un ejemplo: De 1000 personas de un padrón comunal, bastaría el voto de 21 de 40 asistentes a cualquier asamblea para destruir el destino de todos los demás.
3.- Esta norma viene concretando su política neoliberal de despojo legal de nuestros territorios a las comunidades bajo el pretexto de promover la inversión privada y la competitividad de la producción agrícola dentro de las propiedades comunales. Recordemos que a través de sus artículos “El Perro del Hortelano” y “Recetas del Perro del Hortelano”, Alan García expuso su espíritu racista hacia las comunidades previo a estas medidas normativas y su voluntad entreguista y obediencia a sus amos del capitalismo neoliberal, facilitando el ingreso de las grandes empresas transnacionales en nuestros territorios, pese al rechazo de los Pueblos y Comunidades del país.
4. Es conocido que tanto el gobierno, como las empresas interesadas en ingresar en las tierras comunales, vienen fomentando el divisionismo y la formación de organizaciones paralelas a las ya existentes dentro de las comunidades (incluso con apoyo para militar), las mismas que facilitarán la entrega de las tierras a las empresas privadas, violando las normas de derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas recogidas tanto en el Convenio 169 OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Frente a esta nueva arremetida del gobierno las organizaciones indígenas campesinas del Perú expresamos lo siguiente:
1.- Expresamos nuestro total rechazo a las políticas implementadas por el gobierno, principalmente las que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades, los mismos que están protegidos por el marco legal vigente y los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
2.- Demandamos el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que establece que las políticas que se emprendan desde el gobierno y que afecten a las comunidades indígenas – campesinas sean consultadas con ese sector de la población, y llamamos a organizar denuncias nacionales ante la OIT, ONU y Corte Interamericana de derechos humanos.
3.- Exigimos a los Congresistas progresistas y constitucionalistas, observar el Decreto Legislativo 1015, la deroguen o formulen la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional conforme a sus atribuciones. Aquí debe definirse claramente quienes están con el pueblo o quienes son parte de los Otorongos que nos agreden.
4.- Pedimos a la Defensoría del Pueblo, que en forma inmediata interponga la demanda de Inconstitucionalidad contra el D.Leg. 1015 y el Art 3 del D.Leg. 994, por los vicios legales que la contiene. Entre otros porque abusó para legislar sobre algo no previsto en la autorización del congreso.
5.- Hacemos un llamado a los millones de comuneros de todo el país a sumarse a la campaña de recojo de firmas para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1015, por atentar contra la propia Constitución y los instrumentos internacionales antes mencionados.
6.- Reiteramos la convocatoria al Paro Nacional de 48 horas para los días 8 y 9 de julio próximo, en rechazo a la política económica del gobierno, que busca desconocer nuestros derechos a la propiedad y la propia existencia de las comunidades y nuestros Pueblos, Culturas, Recursos y Vida.
7.- Llamamos a la movilización de los comuneros y comuneras, organizaciones locales, regionales, departamentales del agro de la costa, ande, de los pueblos indígenas, pequeños propietarios y posesionarios ribereños de ceja de selva, selva baja y selva alta y expresar su posición en las instancias estatales regionales y ante sus representaciones congresales a efectos de que se formule las acciones correspondientes. Igualmente, a la solidaridad de nuestros hermanos que han migrado a las ciudades y que luchan desde ahí por la sobrevivencia de sus familias y de la vida en sus raíces comunitarias.
8.- Convocamos al PLANTON INDIGENA día 4 de junio del 2008, ante las Oficinas del BID en el Perú, por constituir la entidad que financiará el PTRT 3 (Programa de titulación y registro de tierras No. PE-L1026) que está a cargo del COFOPRI con la finalidad de “formalizar” la propiedad individual en el territorio indígena y que se encamina a destruir “legalmente” a las comunidades campesinas y nativas. Así mismo, que se cumpla con la obligación estatal de la titulación de nuevas comunidades y ampliación de las antiguas, actualmente detenidas en forma ilegal y dictatorial.
Lima, 4 de Junio del 2008
CONACAMI, CCP, CNA, AIDESEP, CUNARC, ANAMEBI, CAOIPOR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TERRITORIOS, VIDAS Y CULTURAS : CON SUELO, SUBSUELO, AGUA, RECURSOS FORESTALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA!POR EL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO A NUESTRA AUTONOMÍADE CONSULTA Y OTROS!
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