martes, 29 de septiembre de 2009



POSICION FRENTE A LA INICIATIVA DEL CONGRESO PARA RESTITUIR LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS EN LA AMAZONÍA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN


PRONUNCIAMIENTO



El Gobierno Regional de San Martín, frente a la iniciativa del congreso de restituir las exoneraciones tributarias a la Amazonía, expresa a la ciudadanía lo siguiente:

1. Desde el 2005, ante la evidencia que las exoneraciones tributarias no mejoraron la situación de la población en general, beneficiando solo a unos pocos comerciantes que hicieron uso y abuso de ella, el pueblo sanmartinense apostó por un esquema distinto, transfiriendo estos recursos a la inversión del desarrollo Regional.

2. Sin embargo, este primer paso quedó mediatizado, pues las normas aprobadas orientaron el uso de estos recursos para el financiamiento de obras como la carretera Fernando Belaunde Terry y el Sistema Interconectado de Energía Eléctrica Bellavista – Tocache (SEIN), cuya responsabilidad de financiamiento y ejecución es de competencia nacional.

3. Por esta razón, en marzo del 2007 el Gobierno Regional de San Martin, renegocia el esquema de incentivos para la Región (Ley Nº 29065), estableciéndose con claridad el uso exclusivo de los recursos producto de los incentivos para obras de competencia regional, asumiendo el Gobierno Central, el compromiso de reponer los recursos invertidos en obras de su competencia, como el Sistema Interconectado de Energía Eléctrica Bellavista – Tocache (SEIN).

4. La seguridad de un flujo de ingresos de largo plazo nos ha permitido formular un Plan de Inversiones en obras de impacto Regional, como infraestructura educativa, hospitales, carreteras, puentes, canales de riego entre otros, inversiones que de retornarse las exoneraciones se pondrían en grave riesgo de ejecución.

5. Estamos ad portas que el Congreso derogue todo el marco legal que elimina el régimen de exoneraciones tributarias, aprovechando que el Tribunal Constitucional le ha otorgado la facultad de sancionar la rectificación o ratificación sobre la inconstitucionalidad de los decretos legislativos que eliminaban las exoneraciones tributarias, pretendiendo derogar inclusive la Ley específica para la Región San Martín que data del 2005. De darse esta irracional propuesta congresal se beneficiaría a un minoritario grupo de grandes comerciantes en desmedro de las oportunidades de desarrollo de los más pobres de la Región Amazónica.

Frente a lo expuesto:

a. Solicitamos al Congreso de la República, y al Poder Ejecutivo, suspender el debate del Proyecto de Ley que restituye las exoneraciones tributarias a la Amazonía, y propiciar un diálogo al más alto nivel con la participación de las Regiones Amazónicas, para alcanzar un acuerdo concertado.

b. Solicitar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, a jugar un rol más activo en la promoción de la eliminación de las exoneraciones tributarias, apoyando iniciativas que le muestren a la población las ventajas que actualmente se pueden lograr apalancando recursos y acelerando la ejecución de inversiones de gran impacto.

c. En San Martín, los Gobiernos Locales, fuerzas sociales organizadas, sociedad civil, y toda la población regional nos mantendremos alertas para garantizar que San Martín continúe ejecutando las inversiones que le permitan promover un desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo.

Moyobamba, 28 de septiembre de 2009.

sábado, 26 de septiembre de 2009




Presidencia regional de los pueblos indígenas de la amazonía norte del Perú -ORPIAN-P

COMUNICADO

Señores:

Presidentes y Consejo Directivo de las Federaciones de base, Cah-Odecofroc-Orasi-Orfac-Ciap-Odecuac-Odecinac -Fechorsa-Sud sede Imaza-SUD Sud sede Chapiza - lideres, lidérelas y estudiantes del Nación Awajun y Wampis de la región ORPIAN-P Amazonas y Cajamarca, ubicados en diferentes cuencas, Cenepa, Santiago, Nieva, Marañón, Chiriaco región Amazonas MIRAFLORES Cajamarca, desde centro América capital de Managua de la republica de Nicaragua, en nombre del Ajutap y el Tajimat aents, y grandes visionarios ancestrales, reciban cordiales saludos del Consejo Directivo de la Región ORPIAN-P así mismo quiero comunicarles que el Poder Judicial de Lima a cambiado la orden de detención a orden de comparecencia de mi persona, de Saúl puerta Peña secretario de AIDESEP, Teresita Antasu Presidente Unay Marcial Mudarra Taki Presidente de Corpi San Lorenzo, al mismo tiempo ratifican la detención a nivel nacional e internacional de nuestro Presidente de AIDESEP Sr. Alberto Pizango Chota.

Con la ratificación de la detención del Presidente de AIDESEP, quiere decir que el gobierno Alan García Pérez demuestra que no ha dejado de seguir con la persecución política a los dirigentes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, sabiendo que no pueden mostrar argumentos legales ni pruebas fehacientes sobre las acusaciones en nuestra contra, nuestras demandas siempre fueron y serán pacificas, dentro del marco de la Constitución del Perú y del convenio 169 de la OIT.

Hermanos y hermanas el día 26 de septiembre tuvimos previsto nuestro retorno al Perú, y abandonar el país del asilo, pero la parte legal de nuestra defensa, informo que la jueza de Lima la responsable que debía notificar a la Policía Nacional y a la INTERPOL, no ha tenido la bendita gana y voluntad de cumplir con la notificación a pesar que han pasado más de 8 días del mandato de comparecencia por lo que se ha postergado el vuelo para nuestro país de origen, que posiblemente estaremos llegando el Perú los días 29 0 30 de este mes .

Actualmente estamos esperando que la Jueza de Lima cumpla con notificar a las instancias mencionadas líneas arriba para poder salir libremente de la republica de Nicaragua hacia el Perú y ponernos a derecho, por las acusaciones infundadas que nos han hecho los procuradores, nosotros los procesados a raíz de los sucesos lamentables ocurridos el cinco de junio, curva del diablo en nuestra amazonía peruana.

Compañeros seguiremos luchando para poder frenar la intención voraz que tiene este gobierno de vender la amazonia y por ende la soberanía de nuestra patria, este gobierno sordo, golpista, traidor y violador de derechos humanos, que por los intereses de un grupos de parlamentarios y a favor de las empresas transnacionales, nos han masacrado sin importarles la vida de las personas, de los pueblos indígenas, campesinos y de la fuerza policial, durante la protesta pacífica que hemos venido reclamando durante 55 días pidiendo la derogatoria de los decretos legislativos que son inconstitucionales y lesivos para nuestra amazonía peruana.

Durante nuestra protesta, que dejó saldo de muchos heridos y causando muerte de hermanos indígenas y campesinos el 05 de junio del 2009 en la curva del diablo provincia de Utcubamba.

Por eso hermanos y hermanas tenemos que permanecer unidos más que nunca para poder vencer al enemigo, nuestra amazonía peruana cada día es amenazada por los recursos naturales que se encuentran dentro de ella, el gobierno y las empresas transnacionales, pretenden ingresar a nuestros territorios como de lugar, utilizando las fuerzas armadas, y los poderes del estado para poder callarnos, y así poder explotar los recursos naturales irresponsablemente, y eso no lo vamos a permitir.

A si mismo el gobierno viene utilizando muchas maniobras técnicas y estrategias para poder confundir a los y las miembros de las comunidades y dirigentes y ex dirigentes, con la finalidad limpiar su imagen y las manos manchadas de sangre de estos grupos de gobernantes vende patrias.

Que en menos tiempo les caerá todo el peso de la ley, por haber ordenado la masacre y violado los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas del Perú a raíz de la masacre del 05 de de junio en la curva del diablo, vamos ha demandar ante la comisión internacional de de derechos humanos demandando la responsabilidad directa del presidente del Perú.

Hermanos y hermanas una vez reincorporado a nuestro país vamos a convocar una reunión extraordinaria de todas las bases y lideres para evaluar el cumplimiento el compromiso por parte del gobierno a través de las mesas de dialogo a si como el cumplimiento legal del convenio 169 de la OIT

El pueblo unido jamás será vencido
Pizango…vive…y la lucha sigue

Atentamente:
CERVANDO PUERTA PEÑA
Presidente regional de los pueblos indígenas de la amazonía norte del Perú -ORPIAN-P
Managua 26 de septiembre del 2009.

viernes, 18 de septiembre de 2009

Proyecto Hidro-Energético CORINA y Proyecto Especial Olmos Tinajones

El comunicado del Colegio de Ingenieos-Loreto , da cuenta de 02 proyectos que derivarán las aguas de ríos amazónicos hacia el Pacífico. Estos proyectos, por las implicancias ecológicas y socio-económicas que pudieran tener, requieren de un amplio conocimiento y debate de la sociedad civil, además el de ejercer su derecho a ser consultados.
Esperemos que el propio Colegio de Ingenieos-Loreto, medios de información y otros colectivos de la sociedad civil puedan ponerlo en la agenda de la sociedad civil de esta parte del territorio.


A LA OPINION PUBLICA


El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto; en cumplimiento del art. 4.57 inciso (f) de su Estatuto, hace de conocimiento lo siguiente:

1.- El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) considera para su ejecución la desviación hacia la costa Pacífico de tres (03) ríos de la cuenca Amazónica, Huancabamba, Tabacanas y Manchara. Empieza a funcionar el 2010.

2.- El “Proyecto Hidro-Energético CORINA”, que genera la ley 1824, aprobada en primera votación en el Congreso de la República, se ejecutará mediante el transvase de los ríos Marañón y Huallaga a la vertiente del Pacífico.

El pueblo Amazónico no tiene conocimiento de las implicancias que puedan tener estas desviaciones de los ríos arriba mencionados y cuales serán los beneficios o perjuicios que provocaran en los pueblos río abajo.

Por lo tanto el Colegio de Ingenieros, convoca a la ciudadanía para que mediante sus representantes y autoridades tomen las medidas pertinentes para que se analice estos y todos los proyectos que tengan relación con la Amazonía.

Iquitos 10 de setiembre de 2009

Enviado por Dubner

Ver
Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana
Marc Dourojeanni

jueves, 17 de septiembre de 2009




PROPUESTA DEL EJECUTIVO PARA MODIFICAR ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, RETIRANDO FACULTADES AL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

PRONUNCIAMIENTO

La Coalición Peruana para la Diversidad Cultural, frente al Proyecto de Ley Nº 3464/2009-PE, entregado al Presidente del Congreso de la República, el 4 de setiembre último, por el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, con el pedido expreso de “disponer su trámite con el carácter de URGENTE”, mediante el cual se propone la modificación de varios artículos de la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, considera su responsabilidad asumir un pronunciamiento, el mismo que expresamos en los términos siguientes:

1- La Constitución Política del Perú dispone expresamente en su artículo 21º que “…los bienes culturales expresamente declarados y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado”. El reconocimiento y respeto de los derechos culturales que nuestra Constitución Política garantiza, deben ser cumplidos y honrados por la autoridad política del país. El Poder Ejecutivo no puede renunciar a este mandato constitucional.

2- La Ley Nº 28296, del 22 de julio de 2004, establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. El Artículo VI del Título Preliminar de dicha Ley señala que “los derechos de la Nación sobre los bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación son imprescriptibles”. Y el Artículo VII de su Título Preliminar indica que “el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro de los ámbitos de su competencia”.

Lejos de asumir la obligación de fortalecer a estas entidades para que tengan mejores condiciones técnicas y profesionales para el cumplimiento de su compleja labor, dada nuestra inmensa riqueza cultural, la propuesta del Poder Ejecutivo plantea retirar al Instituto Nacional de Cultura (INC), la facultad de declarar qué bienes inmuebles pertenecen al Patrimonio Cultural del Perú, propiciando la desmonumentalización de los bienes culturales ya declarados, que ya no tendrán más las calidades y valores culturales que fundamentaron su condición de bienes patrimoniales protegidos.

Esto es contrario al fortalecimiento de nuestra identidad nacional, al logro de la educación de calidad que tanto requerimos, a la valoración de nuestra autoestima como peruanos y al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones contenidas en las Convenciones e instrumentos internacionales que el Perú ha ratificado y que han sido incorporadas en la normativa nacional.

3- El Perú es país suscriptor de la Convención de Viena sobre Tratados de las Naciones Unidas. Por tanto, de acuerdo con el texto de los Artículos 26 y 27 de este instrumento internacional, el Estado peruano no puede eximirse de cumplir sus obligaciones internacionales alegando normas de su derecho interno o vacío de la ley.

4- Esta propuesta del Ejecutivo se presenta en uno de los momentos de mayor crisis en lo referente al fomento de las diversas expresiones culturales del país, así como en la conservación, preservación y defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, existiendo además un lamentable debilitamiento de las instituciones tutelares del Sector Cultura y la carencia de un Ministerio Rector que asuma la construcción y ejecución de políticas culturales y la conducción de programas y proyectos orientados al desarrollo cultural de nuestra patria. En contraposición, vivimos uno de los momentos más ventajosos que se ofrece a la inversión privada, dentro de casi todo el espacio del territorio nacional y en todos los campos y actividades, vía tratados de libre comercio y otros mecanismos facilitadores, sin considerar las reservas que son imprescindibles e irrenunciables cuando se trata de nuestras culturas, de todas las que coexisten dentro del territorio peruano.

5- Sentimos que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que propone el Ejecutivo, que, de un lado, dispone el retiro de facultades y atribuciones del INC en cuanto a declarar qué bienes constituyen parte del patrimonio cultural de la Nación y, de otro, establece pautas para desmonumentalizar los bienes culturales declarados parte del patrimonio cultural de la Nación, se basa en criterios ajenos y contrarios a los de orden técnico y valorativo aceptados internacionalmente.

6- Señala el Proyecto de Ley que una de las causas del retraso o paralización de la ejecución de inversiones públicas y privadas es la “amplia regulación existente en materia de protección estatal sobre bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, en perjuicio de los inversionistas”. Así se presenta a nuestra herencia histórica: como una traba para el desarrollo nacional y un impedimento para la inversión. Este Proyecto indica además que “la declaración de los bienes inmuebles como patrimonio cultural genera también importantes obligaciones patrimoniales y cargas sobre sus propietarios, quienes muchas veces optan por abandonarlos, por diversas razones…”; entre ellas, “las dificultades para su gravamen o transferencia debido a las intensa regulación que les exige realizar engorrosos trámites ante el Instituto Nacional de Cultura”.

Basándose en estos argumentos, el Proyecto del Ejecutivo plantea dos disposiciones centrales:
Una, expresada en el Artículo 1º del Proyecto de Ley, que propone la adición del Artículo VIII al Título Preliminar de la Ley Nº 28296, que a la letra dice: “Los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación sólo son declarados como tales por Ley del Congreso de la República”. Lo que en consecuencia implica la derogatoria del Artículo VII del Titulo Preliminar de la citada Ley, es decir que ni el INC, ni la Biblioteca Nacional, ni el Archivo General de la Nación serán competentes para declarar qué bienes integrarán el Patrimonio Cultural de la Nación.

Y otra que se expresa en su Artículo 3º, que establece adicionar una Tercera Disposición Transitoria a la Ley Nº 28296, cuyo tenor señala: “En un plazo no mayor de 180 días calendario, el Instituto Nacional de Cultura-INC revisará la declaración de bienes inmuebles de propiedad privada como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, pudiendo retirar dicha condición, de conformidad con la normatividad vigente, cuando sea onerosa, ineficiente o cuando la preservación del patrimonio sea impracticable”. Lo que implica la derogatoria del Artículo VI del Titulo Preliminar de la citada Ley, que considera imprescriptible la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación, introduciendo consideraciones contrarias a los criterios técnicos respaldados por la normativa supranacional y nacional.

La propuesta modificatoria y derogatoria de los articulados de la Ley Nº 28296, no ha tenido en cuenta el carácter social, público y común, que reconocemos tiene el Patrimonio Cultural, que es el referente de identidad y permanencia de la Nación a través del tiempo, y que se requiere, por tanto, valorarlo como herencia colectiva y compartida para garantizar su transmisión a las nuevas generaciones, siendo ineludible un programa de protección y defensa sustentado en la educación, la salvaguardia y el respeto, que definitivamente esta administración gubernamental ha olvidado. Tampoco ha tomado en cuenta que el desarrollo sólo es éticamente justificable si es cultural y ambientalmente sostenible.

Demandamos un pronunciamiento del Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, instituciones responsables de la tutela de nuestro Patrimonio Cultural que no deben mantener silencio.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a las Instituciones competentes para que analicen y reconozcan sus responsabilidades y roles, asuman actitudes correspondientes con los principios consagrados por la Constitución y las Leyes de la Nación y dispongan las medidas necesarias para dejar sin efecto el Proyecto de Ley No. 3464/2009-PE, propuesto por el Poder Ejecutivo, manteniendo la plena vigencia de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

La Coalición Peruana para la Diversidad Cultural exige enérgicamente que la formulación de políticas culturales para nuestro país exprese los sueños e identidades de todos los peruanos y ocupe un lugar preferente en la Agenda de Gobierno, reafirmando a la Cultura como la finalidad última del desarrollo.
Reiteramos y reclamamos la urgente y pronta creación de un Ministerio de Cultura para nuestro país, como institución ejecutiva que trabaje de manera intersectorial, estableciendo políticas adecuadas para el respeto y fomento de las expresiones de la Diversidad Cultural, para la conservación de nuestro Patrimonio y en definitiva para el desarrollo integral de nuestro país.

Lima, 16 de septiembre de 2009

lunes, 7 de septiembre de 2009


COMUNICADO SOBRE EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION: ¿Es posible educar sin transparencia y verdad?


Las cifras de alfabetizados acentúan la falta de credibilidad del gobierno del Presidente García

El tema de la verdad y la mentira como opción de un gobierno se repite a lo largo de la historia nuestra. El uso del poder oficial para difundir supuestos logros e impactos ha sido frecuente. Mas, ¿cuánto tiempo se pude mentir sin ser descubierto?. En materia educativa la historia reciente nos recuerda la obsesión presidencial de Alberto Fujimori por hacer creer con abundante publicidad oficial que estábamos construyendo la mejor educación de América Latina; ello fue desmentido por los muy pobres resultados peruanos en la primera evaluación comparada de la UNESCO; la respuesta dictatorial fue prohibir a ese organismo internacional difundir los resultados peruanos, los que fueron dados a conocer recién en el gobierno democrático del Dr. Valentín Paniagua.

En el discurso del reciente 28 de julio el Presidente García confirmó que la educación no es tema prioritario para su gobierno, pues resumió los logros educativos en: avances evaluativos en la Carrera Pública Magisterial; recursos entregados a los directores de las instituciones educativas para el arreglo de aulas, servicios y mobiliarios; los costos de la capacitación docente y los espectaculares resultados en materia de alfabetización. A esto denominó “reforma educativa” en marcha, obviando los cambios sustantivos previstos en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que él mismo oficializó y ahora ni mencionó. Ni una palabra de los desalentadores resultados de la evaluación censal del 2008 tomada a estudiantes del 2º y 4º grado en materia de comprensión de textos escritos y uso de números y operaciones en matemáticas, tampoco recogió las demandas de los gobiernos regionales para descentralizar el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP). Los pobres presupuestos destinados a la educación tampoco fueron abordados en el mensaje a pesar de que el compendio mundial de la educación de UNESCO 2008, señala que el Perú estaría destinando a educación el 2,7% del PBI cifra que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es del 4,6%.

¿Un millón de alfabetizados?
El Presidente García presentó como principal logro educativo haber atendido a un millón 500 mil personas en su programa de alfabetización (PRONAMA), 280 mil de las cuales está en proceso y que una consultoría internacional del Convenio Andrés Bello (CAB) “ha comprobado que más de un millón están debidamente alfabetizadas y además adiestradas en operaciones matemáticas básicas y concluye que en el año 2011 el Perú podrá ser declarado territorio libre de analfabetismo”

Ante críticas expuestas por varios educadores respecto a la debilidad del tema educativo en el discurso y al escepticismo que generan sus cifras de alfabetizados el Presidente García respondió dando como principal argumento los resultados de dicha evaluación externa, difundidos únicamente a través de un Resumen Ejecutivo, base para nuestro análisis.

¿Qué se entiende por “alfabetizar” y por “persona alfabetizada” en la base de esta evaluación?
Ni en los textos del PRONAMA ni en el resumen ejecutivo de esa evaluación divulgado por el CAB y el Ministerio de Educación se describen las competencias o capacidades de lectura y escritura que se aspira tengan los supuestos alfabetizados para ser declarados como tales. La duración del programa, cuatro hasta seis meses en casos de los quechua hablantes, no permitiría sino desarrollar sus capacidades mínimas, como las que se anotan en el Resumen Ejecutivo para la expresión escrita: “escribir su nombre, el lugar donde vive y las personas con quienes comparte”

Tema aparte es la selección y el uso de las cifras que hace el gobierno de lo que se lee en el Resumen Ejecutivo. Según este serían 821 051 los alfabetizados mientras que el mensaje presidencial hace referencia a un millón de al alfabetizados y a un millón 500 mil personas atendidas. Aún sin saber el concepto de base, la muestra no da información desagregada que señale las características de esa población al iniciar y concluir el proceso; si la alfabetización de los quechua hablantes se hizo solo en quechua o si se llegó a cumplir con el objetivo inicial de hacerlo en quechua y castellano; si se aplicó la prueba de lectura y escritura en quechua a los alfabetizados en quechua. (En el Resumen Ejecutivo se especifica “aunque en el tratamiento a las lenguas no se observan resultados significativos”)

Dice el informe, en la Tabla 2, que el 63,5% de los que estuvieron en proceso el año 2007 alcanzan las competencias de alfabetización en la etapa de nivelación y repaso del primer grado del ciclo intermedio de la EBA. La llamada continuidad supone matricularse en algún Centro de Educación Básica Alaternativa. No existen datos sobre algún incremento de matrícula en este grado y otros de la EBA.

Las proyecciones que se hacen en las Tablas 2,3 y 4 de cumplimiento de metas al 2009 y tasas de analfabetismo al 2010 son utópicas si se toma en serio lo que también se lee en el Resumen Ejecutivo: " al analizar las metas de atención al año 2009 se puede observar una disminución de las atenciones en alfabetización ..." Se une a esto la larga lista de razones por las cuales los participantes abandonan el programa, entre las que está la falta de preparación de los facilitadores y la escasez de práctica de lectura y escritura, entre muchas otras

Siete dudas razonables
El análisis del documento CAB difundido genera otras serias y razonables dudas:

¿Cuál fue el encargo específico de la misión evaluadora?
No da cuenta de los “términos de referencia” de la misión evaluadora. Es contradictorio y carente de un enfoque pedagógico desde la perspectiva de la educación de adultos y de una realidad diversa y heterogénea culturalmente como la nuestra.

¿Cuál fue el enfoque de la evaluación?
No contiene ni una palabra sobre el enfoque teórico-metodológico. Se limita a citar los "ejes transversales". No hay un propósito definido y operativizado, por ejemplo, del nexo entre alfabetización y trabajo y/o entre alfabetización y desarrollo de la identidad cultural Es paradójico que en el Resumen Ejecutivo se afirme: “ Ni en los textos ni en las video clases se precisan orientaciones específicas para atender las necesidades de los diferentes contextos”. Esta afirmación revelaría serias limitaciones en el actual proceso alfabetizador, que debiera estar vinculado, precisamente, a contextos que enmarcan - para partir de ellas - experiencias personales y colectivas tanto desde el punto de vista geográfico, como socio-económico, cultural y político.

¿Cuántos se alfabetizaron realmente?
Respecto a las cifras oficiales de alfabetizados hay ausencia en el documento de explicación técnicamente sustentada. Hubiese sido importante poder comprobar que luego de un año de aplicación del PRONAMA focalizando la acción en Ayacucho y Huancavelica y aplicando materiales en castellano a poblaciones mayoritariamente quechua hablantes se lograra la espectacular cifra de 600 mil alfabetizados, que luego se convirtieron en 800 mil para asumir más de un millón en el último mensaje presidencial, sin mediar explicaciones razonables. El número de alfabetizandos se basa en informes del mismo MED, pues en el resumen ejecutivo, no aparece un trabajo de campo propio de la comisión evaluadora.

¿Qué evidencias respaldan lo que se afirma?
Es insuficiente aseverar que el Programa tiene una cobertura nacional y está presente en todas las regiones sin demostrar cómo se cumplieron las metas y el número real de alfabetizados ni lo hecho para evitar o enfrentar la deserción. No se precisan logros constatados con autonomía por la comisión del CAB. El documento se limita a afirmar: “Si bien es cierto que existe una comunicación fluida, no tiene la fluidez requerida, lo que limita las posibilidades con una información en tiempo real de las acciones y logros alcanzados por el Programa”

¿Qué uso real se ha dado a los recursos económicos y materiales?
 La evaluación no aborda el uso de recursos en el Programa, como la compra de cientos de televisores con DVD y de materiales audiovisuales. Tampoco se aborda la opción oficial por recolectar libros usados en vez de crear y producir materiales de lectura específicamente demandados por los recién alfabetizados.

¿Quiénes, cómo y con qué hicieron la medición?
 Respecto a las encuestas citadas en el documento del CAB no se especifican: la línea de base, ni la forma como se definieron los instrumentos y la logística operada. Si bien en toda evaluación interviene la institución evaluada, el problema es conocer en este caso cómo intervino y si hubo límites en la intervención del PRONAMA. Cabe preguntar si el trabajo fue desarrollado por el equipo externo o fue en el propio MED donde se realizara.

¿Cuál es la validez de la estadística empleada?
Sembrando más dudas sobre el manejo estadístico de la alfabetización, el CAB reconoce que -sobre analfabetismo- no hay estadísticas confiables y que debería realizarse un censo específico para subsanar esta limitación.

La evaluación de un programa prioritario para el gobierno como este debió estar a cargo de una institución que tuviera una amplia trayectoria y experiencia en el campo de la alfabetización para que sus resultados no generen dudas razonables que ponen en cuestión los logros y metas alcanzados por el PRONAMA, además de la idoneidad de la institución evaluadora. Hubiera sido deseable se concretaran anuncios del propio Presidente García de que la UNESCO o la OEI asumirían dicha evaluación. Ambas entidades declinaron hacerse cargo de esta tarea, sería pertinente conocer las razones de ello.

La alfabetización bien hecha y concebida como tarea de largo aliento donde el foco central es aprender a seguir aprendiendo hasta lograr por lo menos una buena educación básica, siempre será importante para el país. Más que una evaluación externa con los resultados anotados se requiere que entidades como el MEF o la Defensoría del Pueblo convocando a entidades especializadas de la sociedad civil, confronten con el PRONAMA el mejor uso de importantes recursos públicos con resultados tangibles demandando importantes rectificaciones en lo que resta el actual gobierno.

Más allá de las dudas que genera la evaluación realizada y la veracidad de las cifras, es claro que el gobierno no tiene una política educativa adecuada y pertinente para un país diverso y que los aportes del PEN se soslayan de acuerdo a la coyuntura. Con estas medias verdades es imposible aspirar que en el 2011 se supere el analfabetismo ni a sentar bases para una reforma educativa.

Lima, 8 de agosto 2009



Julia Alba, DNI 10493379
Javier Angulo, DNI 07549198
Juan Ansion, CE 282009
Rosa Arizaga, DNI 06911968
Carlos Barriga Hernández, DNI 07961387
Nélida Céspedes, DNI 07930386
Susana Córdoba, DNI 06567587
Severo Cuba Marmanillo, DNI 07016616
María I. Curay, DNI 03594942
Alejandro Cussianovich, DNI 08800070
Sigfredo Chiroque, DNI 09634225
P. Juan Dumont, CE Nº 103040
Elsa Fung, DNI 02655199
Marcelino Galindo Vivanco, DNI 31167615
Carlos Gallardo Gómez, DNI 07535594
P. Gastón Garatea, DNI 07278052
Rodolfo Gonzáles Wang, DNI 16448132
Bladimiro Guevara Gálvez, DNI 06726740
Gloria Helfer, DNI 10143763
Liliam Hidalgo, DNI 084413139
Jacinto Irala, DNI 06733482
Dina Kalinowski, DNI 08714312.
Martha López de Castilla, DNI 07906842
Josefa Lora Risco, DNI 08217607
Soledad Lozano Costa, DNI 18033058
Nicolás Lynch, DNI 10270250
Javier Malpartida Arzubiaga., DNI 07107198
Dúbner Medina, DNI 05394617
José V. Mendo, DNI 10474937
Zoila Minaya Ruiz, DNI 15611173
Emilio Morillo, DNI 08705995
Alberto Moya Obeso, DNI 17854880
Edmundo Murrugarra Florián, DNI: 10144268
Ludolfo Ojeda, DNI. 25301801
Oscar Okada Herrera, DNI 25422853
Ernesto Olano DNI 08076341
Tulio Ozejo, DNI 08266618
César Picón, DNI 06469724
José Ramos Bosmediano, DNI 17895809.
José Rivero, DNI 06449028
Vanessa I.Rojas Pineda, DNI 41888443
José Rouillon, DNI 07746281
Elena Sánchez Cueva, DNI 26634313
Miguel Saravia, DNI 07906633
Carmen Takayama Higa, DNI 32834435
Lucy Trapnell, DNI 05285897
Rosario Valdeavellano, DNI 23955311
Virginia Zavala Cisneros, DNI: 09339582
Madeleine Zúñiga, DNI 07950025

Fuente: Blogger Espacio compartido