viernes, 31 de agosto de 2012

Perú no logró alcanzar objetivos de desarrollo propuestos para la Amazonía




Los llamados Objetivos del Milenio fueron criticados por dejar de lado elementos importantes para el desarrollo.

















Integrantes del panel de la exposición de resultados de los Objetivos del Milenio para la Amazonía Lima

Distintas autoridades ambientales y de desarrollo amazónico se reunieron el 29 de agosto del 2012 para presenciar la exposición de resultados de los Objetivos del Milenio para la Amazonía propuestos por la ONU en el año 2000.

En este es un análisis que reúne a todos los países amazónicos (Brasil, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Venezuela y Bolivia), la presentación se enfocó en nuestro país y dio resultados con saldos no muy positivos en cuanto a los objetivos propuestos.

El ministro del medio ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fue el que inauguro esta presentación y señaló que “lo que muestra el informe es que los programas chocan con las barreras culturales”. Agregó que esta variable “cultural” es muy importante para la comunicación de las instituciones con la Amazonía y es por ese motivo que muchas políticas de Estado han fracasado a lo largo de los años, pues el “desarrollo” que ha visto el gobierno no se ha comprendido con la visión en este territorio.

Luego de estas palabras, el director ejecutivo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Michael Valqui, presentó el resumen ejecutivo, diciendo que este “no es una evaluación integral”, dando a conocer las falencias del mismo informe desde un inicio.

Luego, retomó el tema de los 8 objetivos en los que se está trabajando: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y, finalmente, establecer una alianza mundial para el desarrollo. De estos, solo se ha avanzado de manera importante en la reducción de algunas enfermedades como la tuberculosis. También se avanzó en la igualdad de género, aunque en niveles desiguales entre las 10 regiones que fueron tomadas en cuenta.

Una de las grandes conclusiones de este informe señala que “los valores para la Amazonía en general son peores que para el promedio nacional pero en algunos casos mejores que para la sierra. La peor situación es la de la Amazonía rural, en especial para las comunidades indígenas”.

A raíz de esta presentación, surgieron algunas críticas a la metodología utilizada y a los objetivos que quiere lograr este programa con la ayuda del PNUD. Se mencionó que le hace falta un enfoque eco-sistémico y que hay un sesgo sobre los conflictos al interior del país, como lo señaló Silvia Mariátegui, gerente de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín.

Además se pudo como ejemplo el caso de Madre de Dios, que aparece con las mejores cifras en avance de estos objetivos, pero que la gran problemática de este departamento son los conflictos sociales, elemento que no es tomado en cuenta en el análisis y que distorsionarían la percepción final de la región.

Hacia el final del evento, desde el público, Nicole Bernex, directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, añadió que uno de los factores que afectan la Amazonía es el cultivo ilícito de coca, que empuja a muchos a la tala y quema de árboles

Este es un reporte periódico, ya que los ODM están proyectados a cumplirse el 2015 y fue resultado del trabajo realizado por el CSA. El evento fue organizado por la Articulación Regional Amazónica con apoyo de Amazónicos por la Amazonía, Eco Ciencia, Alianza para la Sostenibilidad, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entre otras.

@INFOREGIÓN

martes, 28 de agosto de 2012


Perú otorga títulos para proteger conocimiento indígena


Por Zoraida Portillo
Ceremonia de entrega de títulos de conocimientos colectivos a comunidades de pueblos Bora y Ocaina
Representante Bora con título de conocimiento colectivo otorgado a su comunidad
Prensa y Comunicaciones – INDECOPI
[LIMA] El Estado peruano otorgó (9 de agosto) 453 títulos de registro de conocimientos colectivos asociados a biodiversidad a tres comunidades nativas de la Amazonía, pertenecientes a los pueblos Bora y Ocaina.

Con esto suman 885 los registros otorgados a más de media docena de pueblos indígenas, principalmente amazónicos, desde que en 2002 se estableció por ley un régimen pionero depropiedad intelectual para proteger losconocimientos ancestrales indígenas vinculados a recursos biológicos.

Del total, 492 son registros confidenciales, es decir, protegidos contra la revelación, adquisición o uso del conocimiento sin consentimiento previo o de manera desleal, informó a SciDev.Net Bruno Mérchor, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), entidad que otorga los registros.

“Si se llega a celebrar un contrato de licencia de uso [con alguna comunidad propietaria], se especificará si los fines del acceso son industriales o comerciales, y se pagará a la comunidad el cinco por ciento de las ventas por comercialización de los productos que utilicen o se basen en conocimientos confidenciales, y un diez por ciento al fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas”, añadió.

Los registros otorgados a las comunidades de los pueblos Bora y Ocaina están relacionados con usos en alimentación, medicina, cosmética y tintes vegetales de más de 120 plantas amazónicas, algunas bastante conocidas, como la cocona (Solanum sessiliflorum), y otras conocidas solo localmente, como la sangre de grado (Croton lechleri) ) o el chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa).

Los registros también consideran aspectos espirituales asociados a la cosmovisión de cada pueblo y su interacción con la naturaleza, subrayó Mérchor.

Para identificar los conocimientos ancestrales, los especialistas de INDECOPI se internan en comunidades remotas y permanecen semanas y hasta meses conviviendo con ellas y aprendiendo sus usos y costumbres.

Un problema que suelen enfrentar es el de la pertenencia. “Hay muchos pueblos que comparten el mismo conocimiento y puede resultar difícil identificar dónde se originó”, explicó a SciDev.Net María Virginia Montoya, directora del Programa de Sociodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía.

Otro es el tiempo: hay pueblos con los que recién se ha hecho contacto hace 10 o 15 años, allí hay que hacer un trabajo de rescate, porque se están perdiendo aceleradamente los conocimientos, acotó.

Se estima que Perú posee más de 4.400 plantas con usos conocidos, pero los 885 registros actuales se relacionan apenas a 250 plantas y dos animales, “es decir, hemos abarcado recién el seis por ciento”, señala Mérchor.

Fuente: Red de ciencias y desarrollo

Dos indígenas acusados de asesinato tras el “Baguazo” cumplen injusto arresto domiciliario



Asterio Pujupat junto a su esposa en su casa-cárcel de Bagua Capital. Fotos: Cortesía del Párroco de Chiriaco, Fermín Rodríguez Campoamor.
Por Carmen Carrasco
Servindi, 23 de agosto, 2012.- Dos indígenas awajún acusados sin pruebas de haber cometido secuestro y homicidio calificado contra policías, en el denominado “Baguazo” del 5 de junio de 2009, cumplen hoy un injusto arresto domiciliario en casas-calabozos lejos de sus hogares.
Se trata de Danny López y Asterio Pujupat quienes además estuvieron recluidos en penales sin haber tenido un juicio que los declarase culpables, durante más tiempo que el permitido por la ley.

El caso de Danny López

Danny López Shawit (28) es un indígena awajún y padre de familia de tres menores (de 6, 4 y 2 años de edad) quien participó en la denominada protesta amazónica de junio de 2009 en contra de decretos legislativos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas.

Danny López en su casa-càrcel
Pero antes de esa fatídica fecha, Danny era un joven prometedor con deseos de superación, pues el año 2008 viaja a Lima para estudiar en el Instituto Privado Peruano Alemán (IPAL) la carrera de Operador de maquinaria pesada, además de estudiar en la escuela de choferes Garcilaso de la Vega, donde consigue su carné de conducir.
En marzo de 2009 presenta su curriculum a la Municipalidad de Nieva donde el alcalde, Héctor Requejo, le aseguró que para el 20 de junio la Municipalidad adquiriría un cargador frontal para su trabajo profesional. Por fin Danny tendría un trabajo seguro acorde a su grado de instrucción sin saber que estos planes se verían frustrados injustamente.
Danny López participó junto a sus familiares y amigos en el paro amazónico de mayo y junio de 2009. Él no sabía que el 5 de junio se iba a poner en escena un gigantesco operativo de guerra dispuesto a remover el paro de la carretera Fernando Belaúnde Terry a como dé lugar, con muertos y heridos.
Ese día, ante la confusión por la súbita y violenta agresión de las fuerzas policiales, Danny López se subió al interior de una ambulancia que se detuvo para recoger a un herido. Pero la suerte no estuvo de su lado ese día: unos metros más adelante la ambulancia fue detenida y Danny, sacado de ella, fue brutalmente golpeado en el suelo.
Había un fusil AKM escondido en la ambulancia, lo cual la justicia consideró una prueba fehaciente de que Danny era el asesino del hasta hoy desaparecido mayor PNP Felipe Bazán.
Danny fue recluido en el mismo mes de junio en el penal de Huancas junto a un grupo de 18 detenidos que, antes de terminar el año, fueron liberados con comparecencias restringidas, a excepción de Feliciano Kahuasa Rolin y Danny López Shawit.

Danny fue agredido por varios efectivos militares en el suelo de la carretera Fernando Belaúnde Terry
Sin más pruebas que lo inculparan, Danny pasó tres años en prisión y fue “liberado” por exceso de carcelería, el pasado 9 de julio de 2012.
Sin embargo, Danny no fue puesto en libertad tal y como contempla la ley, pues se consideró que existía peligro de fuga. Es así que la Segunda Sala Penal Liquidadora de Bagua dispuso una modalidad extraña de encarcelamiento: “arresto domiciliario” en una casa que no es la suya y sin las condiciones necesarias para una vida digna.
Danny se encuentra recluido en una casa ubicada en el Jr. 29 de agosto No 353 C, en Bagua Capital, la cual solo tiene una puerta donde se ubica el policía que hace cumplir el arresto, mientras que el inculpado se encuentra en un espacio al fondo, donde ni siquiera llega la luz solar.

Casa-càrcel de Danny Lòpez en Bagua Capital
Los únicos muebles que posee Danny en la vivienda son una cama y una mesa, donde se encuentra una cocina a gas. Su situación es grave pues no tiene los medios para proveerse de alimentos y cubrir sus necesidades básicas.
Además, esta extraña forma de carcelería le priva el acceso a algún medio de trabajo con el cual mantener a su familia, sobre todo a sus menores hijos. Vive actualmente de la caridad de las personas que le dejan víveres en la puerta de la casa.

Asterio Pujupat

Croquis de la casa-cárcel de Danny López
Un drama similar vive Asterio Pujupat, quien es uno de los inculpados de haber participado en el secuestro y desaparición del mayor PNP Felipe Bazán también durante el denominado “Baguazo”.
Asterio Pujupat nunca tuvo un proceso justo y desde su detención fue víctima de las trampas de la justicia.
Fue detenido de manera irregular el 29 de diciembre del año 2009, cuando “le propusieron un trabajo de madera y lo llevaron a Bagua y apareció en el penal”, cuenta el padre Fermín Rodríguez Campoamor, quien vela por el bienestar de estos dos indígenas.
Sin más pruebas que la de haber aparecido en una fotografía durante el paro amazónico, Asterio permaneció más de dos años preso en el penal de San Humberto de Bagua Grande.
A pesar de todo lo sufrido injustamente en la cárcel -que incluyen brutales golpizas por miembros del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe)-, Asterio Pujupat se pudo reencontrar con su familia al cabo de dos años.
Sin embargo, la resolución de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua del 15 de diciembre de 2011, que dispuso la excarcelación de Pujupat, contempló una extraña figura.
En lugar de disponer su libertad, la Sala ordena su detención domiciliaria en una casa de Bagua Capital que fue proporcionada por su abogado, Iván Carrascal.
La resolución, sin embargo, no tuvo voto unánime. Mientras que los dos vocales, Sueldo Guevara Chaves y Romero Viena, y el presidente de la Sala coinciden en continuar el proceso con mandato de comparecencia restringida y en consecuencia determinan la detención domiciliaria, no están de acuerdo en cuál debe ser el domicilio.
El presidente de la Sala ordena que la detención “se deberá cumplir en el domicilio real- comunidad indígena de Nazaret, distrito de Chiriaco, provincia de Bagua- bajo la supervisión y responsabilidad del apu de la referida comunidad”, mientras que los vocales demandan “que el procesado en el término de siete días proceda a señalar su domicilio real dentro del radio urbano”.
Debido a que prevaleció la opinión por mayoría de los vocales, Asterio Pujupat se vio obligado a permanecer en una casa ubicada en Jr. Cuzco No 700 de Bagua Capital, en donde no cuenta con un trabajo con qué mantenerse y ayudar a su familia.
Precisamente, el presidente de la Sala preveía que “disponer el domicilio en la provincia de Bagua implica forzarlo a alquilar o servirse de la solidaridad social de los vecinos de Bagua, para que pueda contar con un espacio físico donde resida hasta la apertura del juicio oral, lo que afectará indudablemente la salud del procesado”.
Actualmente se sabe que el juicio oral empezará en setiembre, aunque muchos de los procesados no sepan si confiar en la justicia debido a este precedente en el que se ha vulnerado los derechos básicos de dos indígenas.

El 5 de junio de 2012, se realizó un plantón ante la Fiscalía de Utcubamba y una marcha con palmas que llevaban los nombres de los 34 fallecidos.

Otras noticias:

miércoles, 22 de agosto de 2012

Perú: Gobierno desprotegería pueblos aislados por ampliar explotación de hidrocarburos



Dar clic en la imagen para agrandar. Imagen: IBC

- Lote Fitzcarrald iría del Lote 88 de Camisea hasta cerca del Pque. Nacional del Manu, atravesando reserva para pueblos aislados.

Los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti (RTKNN) quedarán desprotegidos legal y físicamente de prosperar la iniciativa del gobierno para adecuar esta reserva al nuevo régimen de “reservas indígenas”.
La propuesta de una comisión multisectorial para adecuar la RTKNN y reconocer otras cuatro reservas para aislados como “reservas indígenas” encubriría el propósito verdadero de facilitar actividades extractivas antes que proteger a las poblaciones en aislamiento y contacto inicial.
De manera primordial estaría el interés del Estado de concesionar en el 2012 el lote Fitzcarrald ubicado entre el lote 88 de Camisea y el Parque Nacional del Manu, tal como lo anunció Jorge Tafur, ministro de Energía y Minas, en abril de este año (1).
Así lo advierte un informe de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en el que se afirma que el Ministerio de Cultura “no está cumpliendo con su función de protección de pueblos indígenas es aislamiento de la RTKNN pues estaría permitiendo la inversión petrolera antes que la protección” (2).
El proceso de adecuación de “Reservas Territoriales” a “Reservas Indígenas” debe ser una oportunidad para que el Estado evidencie su respeto a los derechos de los pueblos indígenas “incorporando en la Ley Nº 28736 y su Reglamento los estándares de protección establecidos en el D.S Nº 028-2003-AG que aseguran el principio de intangibilidad” sostiene DAR.

Intangibilidad: el fondo del problema

El documento de DAR pone el acento en la intangibilidad que deben poseer las reservas para pueblos en aislamiento y contacto inicial al margen de su denominación como reservas territoriales o indígenas.
El fundamento de la intangibilidad se encuentra en la necesidad de salvaguardar el derecho a la vida, a la salud, a la identidad cultural, a las tierras, al territorio y a la libre determinación que gozan los pueblos indígenas en general, en particular los más vulnerables.
Los pueblos Kugapakori, Nahua y Nanti gozan de una reserva del Estado a su favor en virtud de la Resolución Ministerial 0046-90-AG del 14 de febrero de 1990 y que luego fue reforzada mediante el Decreto Supremo N° 028-2003-AG de 2003, que le otorga a la RTKNN un mayor nivel de protección.
En dicho decreto -expedido en el marco de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo- se prohibe “otorgar nuevos derechos para desarrollar una nueva actividad económica en la zona que implique el aprovechamiento de recursos naturales”.
El problema surge cuando el gobierno expide el 2006 la Ley 28736 que crea el Régimen Especial de protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, bajo la categoría de Reservas Indígenas.
Lo contradictorio de este nuevo régimen es que declara la intangiblidad de las reservas indígenas pero consiente las actividades económicas “cuando así lo permite” el estudio de impacto ambiental.
La Ley Nº 28736 y su Reglamento de 2007 establecen que las Reservas Indígenas, se crearán mediante Decreto Supremo, y que el Estado Peruano debe adecuar las reservas existentes, como es el caso de la RTKN.
El documento de DAR advierte el riesgo que conlleva esta adecuación considerando que la RTKNN perdería el marco de protección legal reforzado el 2003 en virtud al DS 028-2003 que prohibe expresamente actividades económicas en la reserva.

Organizaciones de la sociedad civil respaldan intangibilidad

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió en julio que la Ley 28736 para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial es contradictoria por que declara el carácter intangible de las reservas pero, al mismo tiempo, permite operar a las industrias extractivas en sus territorios.
Esta contradicción se agravó con el Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado, que promovió el organismo Indepa, que pone en peligro la integridad de las poblaciones que habitan a su interior.
Un trágico ejemplo de vulnerabilidad es el que vivieron los Nahua – uno de los pueblos que viven en la reserva – en mayo de 1984 cuando un pequeño grupo fue capturado por madereros que intentaban acceder a la valiosa madera de su territorio.
En tan solo unos meses la población Nahua quedó reducida a casi la mitad debido a brotes de infecciones respiratorias ante las que no tenían inmunidad, cita el informe de Forest Peoples en base a una tesis doctoral (3).

Atentos observadores internacionales

Un informe de la organización internacional Forest Peoples Programme (FPP) señala que según los planes de expansión del Estado peruano los mapas provisionales de la nueva concesión indican que es probable cubra la sección este de la RTKNN, “incorporando las cabeceras del río Serjali y el río Manu, que se encuentra en el vecino Parque Nacional del Manu, declarado patrimonio mundial por la UNESCO”.
La organización FPP declaró estar atenta por conocer los resultados de las intervenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ante el Gobierno de Perú para evitar violaciones a los derechos humanos y daños al ambiente.
Nota:
(3) Shepard, G. Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian Societies, tésis doctoral. Universidad de California, 1999.
FUENTE
Servindi, 22 de agosto, 2012.- 

domingo, 12 de agosto de 2012

AI: gobiernos dan prioridad a los beneficios económicos frente a los derechos de pueblos indígenas

Gobiernos de toda América dan mayor importancia a los beneficios que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de agosto.

El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades

“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.”

Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.

En Ecuador, por ejemplo, la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.

El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.

“El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información y que esa socialización ya es una consulta. Pero, según las normas internacionales, el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo distinto. Para empezar, la consulta solo será real si las autoridades demuestran que nos toman en serio, respetan nuestros derechos y actúan de buena fe y con transparencia”, ha declarado Patricia Gualinga, una de las líderes de Sarayaku, a Amnistía Internacional.

Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.

Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.

Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, “la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener [...] todos estos impactos negativos, [...] que iba a generar todo este conflicto”.

“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.

Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.

miércoles, 8 de agosto de 2012


Realizan lanzamiento del VIII Concurso Nacional de Café de Calidad 2012– Etapa regional

En Tarapoto – San Martín.Tarapoto – San Martín 08 agosto 2012 
La ceremonia fue desarrollada en la Cámara de Comercio y Producción de San Martín.
TARAPOTO – SAN MARTÍN
En la ciudad de Tarapoto se realizó el lanzamiento del VIII Concurso Nacional de Café de Calidad 2012 – Etapa regional, ante la presencia de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de San Martín (DRASAM, PEAM y DIRCETUR), miembros del Comité Organizador de este importante concurso, instituciones privadas involucradas en este cultivo y diferentes medios de comunicación local.
En la ceremonia, desarrollada en la Cámara de Comercio y Producción de San Martín, Arturo Maldonado Reátegui, director regional de Agricultura de San Martín, resaltó la importancia del cultivo del café para la economía de la región, por ser uno de los principales cultivos de exportación.
En los últimos años se han incrementado las áreas sembradas y los volúmenes de producción del café, lo cual genera mano de obra en las provincias donde se desarrolla la producción de este cultivo.
Para Maldonado Reátegui las causas del crecimiento sostenido que experimenta la producción de café son las mejoras de las buenas prácticas agrícolas, que incidieron principalmente en una mejor productividad en los campos de café y en las organizaciones, comité de productores y cooperativas, que han fomentado mucho el desarrollo en San Martín.
Aseveró también, que Lamas (10 y 11 de setiembre) y Moyobamba (13 y 14 de setiembre) serán las sedes de la etapa regional de este concurso, donde las muestras de los participantes deberán cumplir los requisitos indispensables sentadas en las bases.
Por su parte, Henry Yalta Rengifo, coordinador del Proyecto Café Especial Alto Mayo (PEAM) que preside la Comisión Organizadora del concurso, relevó que éste consta de un procedimiento selectivo de café de las organizaciones y socios individuales, quienes disponen un volumen de 10 kintales para ser evaluados en forma física y organoléptica, por catadores certificados nacionales e internacionales.
La evaluación física consta del análisis de rendimiento exportable del grano y del porcentaje de humedad de cada muestra entregada por los participantes.
Finalmente, recalcó que el análisis organoléptico es la prueba que determina la calidad del café y, por ende, el ganador del concurso. La acción para el mismo es la catación del café, para el cual se requiere de un profesional experto con certificación Q GRADER, llamado Catador quien evalúa parámetros de calidad en la taza, concluyó el funcionario del PEAM.