POSICIÓN DEL CONSEJO INTEREGIONAL AMAZÓNICO - CIAM
FRENTE A LOS PROYECTOS DE LEY 840 Y 1770, EL DL 653 Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DE LA AMAZONÍA
Los Gobiernos Regionales Integrantes del Consejo Interregional Amazónico, representados por los Presidentes de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, reunidos en la ciudad de Tarapoto, los días 10 y 11 de febrero para su IV Reunión, ante la existencia del Proyecto de Ley 840, modificatorio de la Ley 28852 de Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, denominada “Ley de la Selva”, DL 653 y los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, expresamos lo siguiente:
1. Concordamos plenamente en la necesidad de impulsar activamente la inversión privada en las actividades de reforestación y/o agroforestería en la amazonía peruana, tanto por sus positivos impactos socioeconómicos como ambientales, en un contexto de asegurar el derecho de las personas a la vida, los beneficios de los servicios ambientales de producción de agua, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad.
Conocedores de la realidad en nuestras regiones creemos necesario, para propiciar dichas inversiones en la Amazonía, contar con un marco promotor que incluya los siguientes aspectos:
a) Como CONDICIÓN PRIMIGENIA se requiere el reconocimiento de derechos existentes, que implica la formalización de la propiedad y elaboración del correspondiente catastro. Como consecuencia se tendrá la información sobre áreas sin cubierta forestal, bajo dominio del Estado, susceptibles de ofertar con fines de reforestación.
b) Aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica y respeto a aquellos procesos realizados por los Gobiernos Regionales en el otorgamiento de nuevos derechos de propiedad o de concesión para el desarrollo de actividades de reforestación o agroindustria.
c) Consolidación del Marco Normativo e Institucional, transfiriendo las debidas competencias a los Gobiernos Regionales y fortaleciendo sus capacidades para el otorgamiento, supervisión y promoción de dichas actividades económicas.
d) Las resoluciones de las instituciones que dirijan estos procesos, estarán condicionadas a la conformidad que establezcan los Gobiernos Regionales
e) Desarrollo de un marco institucional y financiero favorable al desarrollo de inversiones en proyectos socialmente inclusivos, que contribuyan sustantivamente a la superación de la pobreza, al cumplimiento de la normatividad ambiental, y a la reducción de actividades ilegales. Lo que comprende la aplicación de esquemas como el PFE – Producto Financiero Estructurado, ya probado por COFIDE para fines similares, así como instrumentos de garantía, o cobertura de riesgos, a los inversionistas para posibilitar alianzas con productores locales y el desarrollo de cadenas productivas.
De acuerdo a lo descrito, solicitamos la suspensión del debate del proyecto en la Comisión Permanente del Congreso hasta que se cumplan con los requisitos establecidos en los ítems anteriores.
2. De igual modo, conocedores del Proyecto de Ley Nº 1770, creemos que:
a) El proceso de transferencia de funciones de titulación a favor de los Gobiernos Regionales no deberá ser suspendido, por lo que las funciones de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas deberán ser realizadas por los Gobiernos Regionales conjuntamente con COFOPRI.
b) En dicho contexto, el catastro rural también deberá ser realizado conjuntamente por COFOPRI y los Gobiernos Regionales, utilizando como herramienta para el mismo los procesos de Zonificación Ecológica y Económica.
c) Las poblaciones ribereñas (comunidades ribereñas, propias de la amazonía baja) también deberán ser consideradas en el contexto de este proceso de formalización de tenencia de la tierra, bajo un régimen de propiedad comunal.
3. Asimismo, habiéndose iniciado la aplicación del Decreto Legislativo 653, de Promoción de la Inversión en el sector agrario, en el ámbito del territorio amazónico, mediante el cual se vienen adjudicando – privatizando zonas forestales para cambios de uso (agropecuarios). Constatamos que la aplicación de esta norma en la amazonía viene ocasionando conflictos socio ambientales por lo que solicitamos su inmediata revisión y/o derogatoria, entre otras, por las siguientes razones:
a) No existe un catastro actualizado de la posesión de las tierras, estas se adjudican sin respetar los derechos adquiridos con anterioridad.
b) Se vienen produciendo conflictos sociales, incluso violentos, entre los que vienen ocupando y usando la tierra con los nuevos dueños.
c) El cambio de uso viene ocasionando el desbosque en zonas con vocación forestal y de protección de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica, la cual no se respeta porque en el procedimiento de la norma utiliza el mapa desactualizado de Capacidad de Uso Mayor del INRENA del año 1975, generando impactos ambientales negativos como la pérdida de: caudales, biodiversidad, servicios ambientales, entre otros.
d) La valorización para la adjudicación no se realiza de acuerdo al valor real del bosque (madera, resinas, semillas, servicios ambientales, etc) lo que hace que las tierras se subvalúen, algunas incluso han sido valorizadas en 18 soles la hectárea.
e) Esta competencia: “adjudicación de tierras para cambio de uso”, debería ser de los Gobiernos Regionales, en coordinación con los Gobiernos Locales; de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial y subsidiariedad correspondiente
4. Finalmente, solicitamos al señor Presidente de la República, la aprobación de los LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que fue trabajada por el Comité Técnico Consultivo Nacional de la ZEE – OT; que al momento se encuentra en el despacho Presidencial lista para la firma.
Tarapoto, 11 de Febrero del 2007.
Firman los 5 presidentes regionales amazónicos
Los Gobiernos Regionales Integrantes del Consejo Interregional Amazónico, representados por los Presidentes de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, reunidos en la ciudad de Tarapoto, los días 10 y 11 de febrero para su IV Reunión, ante la existencia del Proyecto de Ley 840, modificatorio de la Ley 28852 de Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, denominada “Ley de la Selva”, DL 653 y los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, expresamos lo siguiente:
1. Concordamos plenamente en la necesidad de impulsar activamente la inversión privada en las actividades de reforestación y/o agroforestería en la amazonía peruana, tanto por sus positivos impactos socioeconómicos como ambientales, en un contexto de asegurar el derecho de las personas a la vida, los beneficios de los servicios ambientales de producción de agua, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad.
Conocedores de la realidad en nuestras regiones creemos necesario, para propiciar dichas inversiones en la Amazonía, contar con un marco promotor que incluya los siguientes aspectos:
a) Como CONDICIÓN PRIMIGENIA se requiere el reconocimiento de derechos existentes, que implica la formalización de la propiedad y elaboración del correspondiente catastro. Como consecuencia se tendrá la información sobre áreas sin cubierta forestal, bajo dominio del Estado, susceptibles de ofertar con fines de reforestación.
b) Aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica y respeto a aquellos procesos realizados por los Gobiernos Regionales en el otorgamiento de nuevos derechos de propiedad o de concesión para el desarrollo de actividades de reforestación o agroindustria.
c) Consolidación del Marco Normativo e Institucional, transfiriendo las debidas competencias a los Gobiernos Regionales y fortaleciendo sus capacidades para el otorgamiento, supervisión y promoción de dichas actividades económicas.
d) Las resoluciones de las instituciones que dirijan estos procesos, estarán condicionadas a la conformidad que establezcan los Gobiernos Regionales
e) Desarrollo de un marco institucional y financiero favorable al desarrollo de inversiones en proyectos socialmente inclusivos, que contribuyan sustantivamente a la superación de la pobreza, al cumplimiento de la normatividad ambiental, y a la reducción de actividades ilegales. Lo que comprende la aplicación de esquemas como el PFE – Producto Financiero Estructurado, ya probado por COFIDE para fines similares, así como instrumentos de garantía, o cobertura de riesgos, a los inversionistas para posibilitar alianzas con productores locales y el desarrollo de cadenas productivas.
De acuerdo a lo descrito, solicitamos la suspensión del debate del proyecto en la Comisión Permanente del Congreso hasta que se cumplan con los requisitos establecidos en los ítems anteriores.
2. De igual modo, conocedores del Proyecto de Ley Nº 1770, creemos que:
a) El proceso de transferencia de funciones de titulación a favor de los Gobiernos Regionales no deberá ser suspendido, por lo que las funciones de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas deberán ser realizadas por los Gobiernos Regionales conjuntamente con COFOPRI.
b) En dicho contexto, el catastro rural también deberá ser realizado conjuntamente por COFOPRI y los Gobiernos Regionales, utilizando como herramienta para el mismo los procesos de Zonificación Ecológica y Económica.
c) Las poblaciones ribereñas (comunidades ribereñas, propias de la amazonía baja) también deberán ser consideradas en el contexto de este proceso de formalización de tenencia de la tierra, bajo un régimen de propiedad comunal.
3. Asimismo, habiéndose iniciado la aplicación del Decreto Legislativo 653, de Promoción de la Inversión en el sector agrario, en el ámbito del territorio amazónico, mediante el cual se vienen adjudicando – privatizando zonas forestales para cambios de uso (agropecuarios). Constatamos que la aplicación de esta norma en la amazonía viene ocasionando conflictos socio ambientales por lo que solicitamos su inmediata revisión y/o derogatoria, entre otras, por las siguientes razones:
a) No existe un catastro actualizado de la posesión de las tierras, estas se adjudican sin respetar los derechos adquiridos con anterioridad.
b) Se vienen produciendo conflictos sociales, incluso violentos, entre los que vienen ocupando y usando la tierra con los nuevos dueños.
c) El cambio de uso viene ocasionando el desbosque en zonas con vocación forestal y de protección de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica, la cual no se respeta porque en el procedimiento de la norma utiliza el mapa desactualizado de Capacidad de Uso Mayor del INRENA del año 1975, generando impactos ambientales negativos como la pérdida de: caudales, biodiversidad, servicios ambientales, entre otros.
d) La valorización para la adjudicación no se realiza de acuerdo al valor real del bosque (madera, resinas, semillas, servicios ambientales, etc) lo que hace que las tierras se subvalúen, algunas incluso han sido valorizadas en 18 soles la hectárea.
e) Esta competencia: “adjudicación de tierras para cambio de uso”, debería ser de los Gobiernos Regionales, en coordinación con los Gobiernos Locales; de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial y subsidiariedad correspondiente
4. Finalmente, solicitamos al señor Presidente de la República, la aprobación de los LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que fue trabajada por el Comité Técnico Consultivo Nacional de la ZEE – OT; que al momento se encuentra en el despacho Presidencial lista para la firma.
Tarapoto, 11 de Febrero del 2007.
Firman los 5 presidentes regionales amazónicos
Fuente:
Karina Pinasco Vela, MSc.
Amazónicos por la Amazonía - AMPA
Conservando la Vida, para compartirla contigo
http://www.ampaperu.org/
Karina Pinasco Vela, MSc.
Amazónicos por la Amazonía - AMPA
Conservando la Vida, para compartirla contigo
http://www.ampaperu.org/
Nota adicional
Posición suscrita en la cuarta reunión del Consejo Interamazónico, realizada en la ciudad de Tarapoto y entregado al Primer Ministro, Ministro de agricultura, Ministra de Turismo, Ministro de Energía y Minas, viceministros y secretarías técnicas. El CIAM se contituye el 15 de enero del 2007 por iniciativa del presidente de la región San Martín. La Secretaría Técnica conformada por un representate de cada Gobierno Regional y por un representante del Consejo Nacional del Ambiente CONAM y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP @ Fotografía: CIAM
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