Indígenas de la Amazonía Norte rechazan paquete de leyes del gobierno
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Norte del Perú (ORPIAN P) ha suscrito un pronunciamiento en el que analiza y condena el paquete de iniciativas legislativas del gobierno aprista y que ponen en peligro la estabilidad jurídica de la amazonía.
La organización regional, afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), condena lo que considera un grave atentado contra los
derechos de los pueblos Indígenas de la amazonía.
Pronunciamiento de ORPIAN-P
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P), organización representativa de los pueblos indígenas habitantes de la región Amazonas, ante el conjunto de proyectos de leyes que el actual Gobierno viene promoviendo, en abierta agresión de nuestros derechos como pueblos, expresamos lo siguiente:
1. Nos referimos a los Proyectos de Ley 840-2006, 1770-2007 y 1992-2007 suscritos con carácter de urgencia por el Presidente de la República Dr. Alan García Pérez así como al Proyecto de Ley 1900-2007 suscrito por miembros del Grupo Parlamentario del Partido Aprista Peruano, proyectos todos que en su conjunto, conforman una elaborada acometida en contra de los pueblos Indígenas Amazónicos y de la Amazonía Peruana en general.
2. La gestión de estos proyectos, desde su formulación por el Gobierno, viene desconociendo nuestro derecho a la Consulta y Consentimiento libre, previo e informado, consagrado por el Convenio 169 de la OIT en su Artículo Sexto. La Consulta es una obligación del Estado como proceso previo a la toma de las decisiones respectivas, a fin de que sean consideradas nuestras inquietudes, opiniones y propuestas como pueblos indígenas directamente afectados. La exclusión del conocimiento y participación de nuestras autoridades y organizaciones representativas, descalifica de pleno estas propuestas y pone en tela de juicio su buena fe.
3. El Proyecto de Ley 1770-2007atenta contra la integridad de nuestros territorios. Nuestra propiedad territorial no es compatible con declaraciones de “abandono”, ni aplicaciones de “reversión” porque es una propiedad originaria, no nos fue donada ni cedida por el estado ni por particulares, somos propietarios colectivos desde antes del Estado, el Estado y las leyes así lo han reconocido, por lo que desde hace 30 años se viene formalizando a través de la entrega de los Títulos, por cierto con muchas trabas por parte del mismo Estado.
Por tanto, al Estado no le corresponde reclamarla en reversión. Está equivocado el señor Presidente de la República, nuestras tierras en descanso, nuestros espacios de bosque, nuestras zonas para la recolección, para la caza, no son tierras abandonadas.
Por otro lado, ¿qué pretensión es esa de suspender por cuatro años la Ley de las Comunidades Nativas y su reglamento? ¿solamente las leyes que le gusten mientras dure su gobierno? ¿es que se cree que las leyes son juegos al antojo? ¿por qué no también la suspensión de las concesiones mineras? Esta ley regula la protección legal de nuestros territorios, por lo que la intención de acabar con ella es una grave provocación a los pueblos indígenas amazónicos.
4. Mediante el proyecto de Ley No. 1900-2007 se pretende otorgar un cuantioso conjunto de facultades a la COFOPRI, sobrepasando inclusive las facultades jurisdiccionales, como es en materia de Rectificación de Áreas inscritas. Desde ya, exhortamos a los promotores de este proyecto, a no inmiscuirse en los territorios comunales que han alcanzado su titulación e inscripción registral bajo el cumplimiento de los exhaustivos procedimientos de ley, de lo contrario, no se tenga duda de que estaremos repeliendo cualquier atropello a la seguridad jurídica obtenida a través de décadas de gestión, lucha, esfuerzo y recursos. Señalamos, asimismo, que la realización de todo plan de georeferenciación de los títulos comunales, solo puede ser factible en cuanto conlleve el control de las comunidades titulares de la propiedad y el acompañamiento y vigilancia de sus respectivas organizaciones representativas.
5. Rechazamos el proyecto de Ley 1992-2007 porque intenta violentar nuestra Autonomía, derecho consagrado por la Constitución Peruana y los Tratados Internacionales, al pretender imponernos normas sobre asuntos estrictamente internos como son las formas en que tomamos nuestras decisiones sobre nuestras tierras y territorios, intromisión ésta, que bajo intereses ajenos, viene a propiciar la desintegración de nuestros territorios comunales colectivos al facilitar su fragmentación y venta por partículas hasta su total eliminación, lo que de ningún modo aceptamos, por significar la irreparable disolución de nuestra vida como comunidades y pueblos basados en nuestro territorio.
6. Censuramos enfáticamente el proyecto de Ley No. 840, conocido como “la ley de la selva” por su despropósito de poner a la venta a favor de cualquier tercero grandes extensiones del bosque amazónico para ser “reforestadas”.
La Constitución y las leyes vigentes ha establecido que los recursos forestales son Patrimonio de la Nación y que para la intervención de la inversión privada rige el régimen de concesión por un plazo de tiempo determinado, y aún estando así dispuesto, hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de ejercer un debido control sobre las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de la explotación forestal formal y menos aún sobre la cuestión de la tala ilegal.
Y por encima, ahora se viene a pretender la puesta en venta de millones de hectáreas del bosque amazónico sin nada que garantice ni el cumplimiento de sus supuestos fines ni una adecuada identificación de las extensiones pretendidas para la venta, colocando así a los bosques primarios en una situación Terminal: de ser enajenados por siempre ó ser deforestados a priori con el fin de obtener su propiedad.
7. Denunciamos el alevoso atentado que entraña el Proyecto 840 contra la seguridad territorial de un alto número de comunidades indígenas cuyos procesos de titulación se encuentran obstruidos por años en la administración estatal por alguna u otra arbitraria razón, manteniendo así a los territorios comunales sin la protección legal del Título que les corresponde y que es deber del estado entregarles.
Por tal razón, exigimos al Gobierno, a que antes de propiciar esta clase de dislates como la venta del bosque, disponga que, en primer orden, se cumpla con la Ley de Comunidades vigente y se culmine con la entrega de los títulos faltantes a las comunidades, protegiéndolas así de serios peligros como su venta, contribuyendo en sentar las bases para su desarrollo territorial y el ordenamiento y desarrollo de las regiones que éstas habitan.
8. El Perú, desde 1993, es país firmante del “Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” y desde el 13 de septiembre del 2007, de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, ambos instrumentos del derecho internacional que consignan los derechos de los pueblos indígenas, como son entre otros, la protección de nuestros territorios colectivos y a la consulta previa.
Sin embargo, llamamos la atención de las instituciones jurídicas nacionales e internacionales, gremiales, universitarias, y de la sociedad civil en general, al hecho que a poco tiempo de la firma oficial del segundo de los mencionados instrumentos, el Gobierno venga planteando esta serie de normas nacionales frontalmente contrarias y violatorias de los referidos compromisos jurídicos internacionales.
9. Pedimos a los Congresistas de la República, prestar atención a que este paquete de proyectos contradice décadas de avances en el sistema jurídico internacional y una legislación especial nacional establecida, las cuales, por el contrario, deben proseguir desarrollándose, en armonía con el carácter pluricultural y pluriétnico del País.
Les invocamos a preservar el previo cumplimiento de los procesos de Consulta, toda vez que en el presente caso, estas propuestas afectan gravemente los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos Indígenas.
10. En este sentido, instamos a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresas transnacionales y otras entidades internacionales, a mantener el respeto por nuestros derechos y a no interferir directa ni indirectamente con acuerdos, actos o contratos que contribuyan en los referidos despropósitos y obstaculicen la sobre vivencia de nuestros pueblos.
11. Exhortamos al señor Presidente de la República, a dejar de lado estas pretensiones de despojo territorial de las familias, comunidades y pueblos indígenas amazónicos, con el fin de cumplir con sus particulares planes de “impulsar la inversión” negociando los recursos naturales a favor de terceros al país, y a cualquier costo, como la venta y destrucción de las bases de nuestra existencia.
12. Quedamos atentos al camino que sigan estas oprobiosas propuestas de leyes en manos de los legisladores, y desde ya hacemos un llamado a todas las organizaciones indígenas a tomar las acciones coordinadas correspondientes, entre éstas, interponer las denuncias pertinentes ante el Tribunal Constitucional, la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
Marzo de 2008
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y sus organizaciones de base:
Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH)
Organización Aguaruna de San Ignacio (ORASI)
Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC)
Organización de Comunidades Indígenas del Alto Cenepa (ODECINAC)
Federación de los Pueblos Indígenas Kichwash de la Región San Martín (FEPIKRESAM)
Federación de Comunidades Huambizas de Río Santiago (FECOHRSA)
Fuente:
SERVINDI: http://www.servindi.org/
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