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miércoles, 23 de noviembre de 2011

Tierra y Libertad frente a los Conflictos Mineros

Por: Tierra y Libertad
LA POBLACIÓN SE MOVILIZA CONTRA MALAS PRÁCTICAS MINERAS 
1. Culminados sus primeros 100 días de gobierno, el Presidente Ollanta Humala y su gabinete están enfrentando una ola de conflictos asociados con la actividad minera en las zonas rurales de nuestro país. En algunos casos como el de Ancash, se trata de una demanda re-distributiva planteada por las autoridades de los poblados que reciben una parte menor de los recursos del canon minero. En los casos de Cajamarca, Apurimac, Moquegua, y Tacna, se trata de un rechazo a la actividad minera por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua de las que depende el consumo humano y la agricultura, que es la principal, sino única, fuente de ingresos de la enorme mayoría de las poblaciones de esas regiones del país. En Madre de Dios, se trata más bien de la reacción de los mineros informales ante la justificada intervención del gobierno contra las dragas de la minería ilegal que está destrozando los ríos y los bosques de esa parte de la Amazonía.

2. En relación a los conflictos contra la minería en la sierra peruana, como es el caso de Mina Conga, en Cajamarca, la población local no reconoce un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido aprobado apresuradamente y con procesos de audiencias en los que la mayoría de los participantes trabajaban para la empresa, ni acepta la propuesta de reemplazar con reservorios las lagunas naturales que serán destruidas. En Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, la población rechaza toda actividad minera –la ilegal y la legal, la artesanal y la mediana y grande-. En Tacna y Moquegua la población teme que nuevas operaciones mineras se lleven para si toda el agua, que ya es sumamente escasa en esa región.

3. La desconfianza y el rechazo de la población de las zonas alto-andinas respecto de la minería se sustentan en la experiencia. En el caso de Cajamarca, se ha comprobado que –pese muchos estudios técnicos presentados- Minera Yanacocha ha tomado para si toda el agua de la cuenca del Rio Grande que antes consumía la ciudad de Cajamarca. Como resultado, la ciudad consume hoy agua usada y reciclada por la minera, y es la población de Cajamarca la que arriesga su salud y termina pagando los elevados costos de purificar el agua que previamente ha sido usada y contaminada por Yanacocha.

4. En muchas otras partes del país, incluida Lima Metropolitana, muchas empresas extractivas así como intereses inmobiliarios e industriales quieren seguir operando como antes- ignorando los impactos ambientales negativos de sus actividades y la opinión de las poblaciones locales. El caso más conocido es el de Lurín, pulmón de la ciudad amenazado por cementeras, urbanizadoras e industriales, pero esta situación se repite en muchas otras partes de la ciudad frente a una creciente resistencia social de las poblaciones locales.

DECISIONES GRAVES QUE PREOCUPAN
5. Lamentablemente, en reciente conferencia del Presidente Ollanta Humala, al tratar sobre el proyecto Conga, ha dejado claro que su opción es por la Empresa Yanacocha, y contra la población de Cajamarca, las autoridades distritales y provinciales y el Gobierno Regional. El Presidente dice que quiere el agua y el oro, repitiendo tal cual la frase con la que la empresa quiere convencer respecto de la viabilidad de su proyecto. Pero hay dudas muy serias sobre la real posibilidad de reemplazar las lagunas y su rol central en el ecosistema de esas cabeceras de cuenca por otras artificiales. En la práctica, en este caso, no es posible tener oro y agua al mismo tiempo y el Presidente está apoyando la extracción del oro sobre la preservación de las fuentes de agua en esa región. Está optando por la empresa y contra el medio ambiente y la gente.
Peor aún, ha anunciado que en lugar de fortalecer al Ministerio del Ambiente, busca descuartizarlo llevándose a la Presidencia del Consejo de Ministros la Autoridad Nacional del Agua, la fiscalización ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. En todas partes del mundo se avanza en fortalecer una autoridad ambiental autónoma de la promoción de inversiones y del poder político, el Presidente acá anuncia lo contrario.

6. Ese no es el camino a seguir. Esos anuncios no pueden ponerse en práctica. Esas decisiones son graves y tienen que rectificarse. Llamamos al Presidente Humala, al Premier Lerner, a los ministros y parlamentarios de Gana Peru, especialmente a los que vienen de la izquierda, a la rectificación de esta equivocada decisión que tendrá sin duda graves repercusiones para la población cajamarquina quienes han reaccionado con justicia y firmeza llamando a un paro indefinido desde el 24 de noviembre.

PRESIDENTE HUMALA: ESCUCHE LA VOZ DE LOS PUEBLOS
7. Frente a los conflictos en curso contra las malas prácticas de la minería en los Andes, el Gobierno del Presidente Humala - debe marcar una diferencia sustantiva con las respuestas que han venido dando los gobiernos de Fujimori, Toledo y Garcia. Esos gobiernos ignoraron las causas de los conflictos, optando por responsabilizar de todo a agitadores radicales, acusando a la gente y las autoridades de no entender la importancia de las rentas que estas inversiones traen, y reprimiendo a los que cuestionan la actividad minera o se oponen a ella. La política del "Perro del Hortelano" de Alan García debe ser superada y no puede seguir guiando los actos de este gobierno. Los 3 mil millones de soles ofrecidos por las empresas no son argumento suficiente para imponer la minería por sobre la voluntad de la gente ni sobre la necesidad de cuidar nuestras fuentes de agua. Acusar de radicales a quienes se movilizan u opinan diferente, como Tierra y Libertad y sus líderes como Marco Arana, y mantener criminalizada la protesta social no arregla nada, solo empeora las cosas.

8. El Gobierno del Presidente Humala tiene aun la oportunidad de plasmar en el sector energía y minas la gran transformación ofrecida al país. En este camino, para ser consecuente y firme con sus compromisos electorales, y rectificando los anuncios recientemente hechos, le planteamos la necesidad de poner en práctica las siguientes medidas:

a. Moratoria y revisión de concesiones mineras e hidro-carburíferas.
b. Revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y que hayan sido materias de consulta previa.
c. Inmediata reglamentación y puesta en vigencia de la Ley de Consulta.
d. Inmediata transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente, revisando los procedimientos de su elaboración, consulta y aprobación.
e. Fortalecer de manera sustantiva, con recursos humanos y materiales, al MINEM y al MINAM para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones relativas a la sociedad y el ambiente.
f. Inmediata presentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los Gobiernos Regionales y Locales y las organizaciones sociales.
g. Definición de las competencias y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión del sector extractivo.
h. En el caso de la minería ilegal que arrasa con la Amazonía, el Gobierno debe proseguir con firmeza su política de eliminación de las dragas y otras operaciones y así poner freno a esa actividad. Pero también atacar –como en el caso del narcotráfico- tanto a los proveedores de capital, maquinarias e insumos como a los comercializadores del oro que se extrae. No tiene sentido concentrar la acción estatal solamente en los trabajadores y pequeños propietarios de esa actividad, sin atacar a los peces gordos que están detrás del negocio.

9. La implementación de este conjunto de medidas debe permitir que en el Perú se haga solamente la actividad minera e hidro-carburífera que sea ambientalmente viable y socialmente legitima, disminuyendo así los altos grados de conflictividad social que hoy día resulta de la proliferación de proyectos mineros que no son consultados con la población o con las autoridades locales ni regionales y cuyos estudios de impacto ambiental han sido y siguen siendo aprobados por los mismos funcionarios encargados de promover las inversiones.

10. El gobierno de Humala debe ser consciente que la implementación de estas medidas va a significar que algunos de los proyectos mineros –al no ser ni ambientalmente viables ni socialmente legitimos, no logren la autorización para operar. Por lo tanto es posible que no se hagan realidad los 46 mil millones de dólares inversiones mineras anunciadas por el Primer Ministro Lerner en la Presentación de su Plan de Gobierno al Congreso Nacional y al país. Esta es una decisión sustantiva si en verdad se quiere inversiones que impacten favorablemente al país, respeten el medio ambiente, y cese la conflictividad social.
En consecuencia, es también indispensable que el Gobierno defina y ponga en práctica una agresiva política de diversificación de las fuentes de renta pública y de generación de divisas, dos rubros hoy altamente dependientes de las inversiones mineras y de hidrocarburos. De la misma manera, el gobierno debe abocarse a la cobranza de las grandes deudas tributarias de muchas empresas, así como de sacar adelante una reforma tributaria que le dé recursos frescos para el mayor gasto social que en justicia el gobierno ha prometido hacer.

Tierra y Libertad considera que está en manos del gobierno impedir que la conflictividad social se desborde y tenga costos materiales y costos en vidas humanas. Estamos seguros que estos conflictos se pueden prevenir y evitar con la implementación pronta y consecuente del paquete de medidas que proponemos.

Presidente Humala
Entre el Agua y el Oro, Escoja el Agua
¡Si es Posible una Gran Transformación en el Sector Energía y Minas!
¡Si es Posible Cambiar de Rumbo!
¡Es Cuestión de Voluntad y Coherencia con las ofertas que lo han llevado a ser
Presidente de Todos los Peruanos y Peruanas!

Fuente: Bajo la Lupa

martes, 12 de febrero de 2008



POSICIÓN DEL CONSEJO INTEREGIONAL AMAZÓNICO - CIAM
FRENTE A LOS PROYECTOS DE LEY 840 Y 1770, EL DL 653 Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DE LA AMAZONÍA


Los Gobiernos Regionales Integrantes del Consejo Interregional Amazónico, representados por los Presidentes de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, reunidos en la ciudad de Tarapoto, los días 10 y 11 de febrero para su IV Reunión, ante la existencia del Proyecto de Ley 840, modificatorio de la Ley 28852 de Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, denominada “Ley de la Selva”, DL 653 y los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, expresamos lo siguiente:

1. Concordamos plenamente en la necesidad de impulsar activamente la inversión privada en las actividades de reforestación y/o agroforestería en la amazonía peruana, tanto por sus positivos impactos socioeconómicos como ambientales, en un contexto de asegurar el derecho de las personas a la vida, los beneficios de los servicios ambientales de producción de agua, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad.

Conocedores de la realidad en nuestras regiones creemos necesario, para propiciar dichas inversiones en la Amazonía, contar con un marco promotor que incluya los siguientes aspectos:

a) Como CONDICIÓN PRIMIGENIA se requiere el reconocimiento de derechos existentes, que implica la formalización de la propiedad y elaboración del correspondiente catastro. Como consecuencia se tendrá la información sobre áreas sin cubierta forestal, bajo dominio del Estado, susceptibles de ofertar con fines de reforestación.
b) Aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica y respeto a aquellos procesos realizados por los Gobiernos Regionales en el otorgamiento de nuevos derechos de propiedad o de concesión para el desarrollo de actividades de reforestación o agroindustria.
c) Consolidación del Marco Normativo e Institucional, transfiriendo las debidas competencias a los Gobiernos Regionales y fortaleciendo sus capacidades para el otorgamiento, supervisión y promoción de dichas actividades económicas.
d) Las resoluciones de las instituciones que dirijan estos procesos, estarán condicionadas a la conformidad que establezcan los Gobiernos Regionales
e) Desarrollo de un marco institucional y financiero favorable al desarrollo de inversiones en proyectos socialmente inclusivos, que contribuyan sustantivamente a la superación de la pobreza, al cumplimiento de la normatividad ambiental, y a la reducción de actividades ilegales. Lo que comprende la aplicación de esquemas como el PFE – Producto Financiero Estructurado, ya probado por COFIDE para fines similares, así como instrumentos de garantía, o cobertura de riesgos, a los inversionistas para posibilitar alianzas con productores locales y el desarrollo de cadenas productivas.

De acuerdo a lo descrito, solicitamos la suspensión del debate del proyecto en la Comisión Permanente del Congreso hasta que se cumplan con los requisitos establecidos en los ítems anteriores.

2. De igual modo, conocedores del Proyecto de Ley Nº 1770, creemos que:

a) El proceso de transferencia de funciones de titulación a favor de los Gobiernos Regionales no deberá ser suspendido, por lo que las funciones de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas deberán ser realizadas por los Gobiernos Regionales conjuntamente con COFOPRI.
b) En dicho contexto, el catastro rural también deberá ser realizado conjuntamente por COFOPRI y los Gobiernos Regionales, utilizando como herramienta para el mismo los procesos de Zonificación Ecológica y Económica.
c) Las poblaciones ribereñas (comunidades ribereñas, propias de la amazonía baja) también deberán ser consideradas en el contexto de este proceso de formalización de tenencia de la tierra, bajo un régimen de propiedad comunal.

3. Asimismo, habiéndose iniciado la aplicación del Decreto Legislativo 653, de Promoción de la Inversión en el sector agrario, en el ámbito del territorio amazónico, mediante el cual se vienen adjudicando – privatizando zonas forestales para cambios de uso (agropecuarios). Constatamos que la aplicación de esta norma en la amazonía viene ocasionando conflictos socio ambientales por lo que solicitamos su inmediata revisión y/o derogatoria, entre otras, por las siguientes razones:

a) No existe un catastro actualizado de la posesión de las tierras, estas se adjudican sin respetar los derechos adquiridos con anterioridad.
b) Se vienen produciendo conflictos sociales, incluso violentos, entre los que vienen ocupando y usando la tierra con los nuevos dueños.
c) El cambio de uso viene ocasionando el desbosque en zonas con vocación forestal y de protección de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica, la cual no se respeta porque en el procedimiento de la norma utiliza el mapa desactualizado de Capacidad de Uso Mayor del INRENA del año 1975, generando impactos ambientales negativos como la pérdida de: caudales, biodiversidad, servicios ambientales, entre otros.
d) La valorización para la adjudicación no se realiza de acuerdo al valor real del bosque (madera, resinas, semillas, servicios ambientales, etc) lo que hace que las tierras se subvalúen, algunas incluso han sido valorizadas en 18 soles la hectárea.
e) Esta competencia: “adjudicación de tierras para cambio de uso”, debería ser de los Gobiernos Regionales, en coordinación con los Gobiernos Locales; de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial y subsidiariedad correspondiente

4. Finalmente, solicitamos al señor Presidente de la República, la aprobación de los LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que fue trabajada por el Comité Técnico Consultivo Nacional de la ZEE – OT; que al momento se encuentra en el despacho Presidencial lista para la firma.

Tarapoto, 11 de Febrero del 2007.
Firman los 5 presidentes regionales amazónicos

Fuente:
Karina Pinasco Vela, MSc.
Amazónicos por la Amazonía - AMPA
Conservando la Vida, para compartirla contigo
http://www.ampaperu.org/

Nota adicional
Posición suscrita en la cuarta reunión del Consejo Interamazónico, realizada en la ciudad de Tarapoto y entregado al Primer Ministro, Ministro de agricultura, Ministra de Turismo, Ministro de Energía y Minas, viceministros y secretarías técnicas. El CIAM se contituye el 15 de enero del 2007 por iniciativa del presidente de la región San Martín. La Secretaría Técnica conformada por un representate de cada Gobierno Regional y por un representante del Consejo Nacional del Ambiente CONAM y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP @ Fotografía: CIAM

jueves, 17 de enero de 2008



Parque nacional en mira de petrolera

Ramiro Escobar
Ejecutivo intentó recortar zona intangible para explotar yacimiento de hidrocarburos.
Foto: Tapir en un prístino parque natural amenazado por petrolera.

Unas 20,000 especies vegetales, por lo menos 600 especies de aves, 232 especies de peces, 174 especies de mamíferos, 100 especies de reptiles y 1,200 especies de mariposas. Y por añadidura, un paisaje sobrecogedor, inconmensurable, de bosques y ríos.

Este paraíso terrenal es el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, enclavado entre las sudorientales regiones de Puno y Madre de Dios. Tiene una extensión de 1’092,142 Ha, diversos ecosistemas, una biodiversidad alucinante, una belleza espectacular. Y además una condición ya muy escasa en este mundo: en buena parte de este territorio, no hay casi presencia humana.
Sin embargo, en setiembre el Consejo de Ministros discutió una propuesta que tendría un despropósito monumental: recortarle a este parque nacional nada menos que 209,782 Ha para crear el lote petrolero 78 que permita la explotación del gran yacimiento que se presume existe en ese lugar.
La fórmula para lograrlo era enviar un proyecto de ley al Congreso que permitiera derogar los decretos supremos de julio de 1996 y de setiembre del 2000 que delimitaron el territorio de esta área protegida.
“Si se abre la puerta para la inversión petrolera, vendrán por acá muchos problemas más”, dice José Luis Capella, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “No se puede vulnerar así las normas ambientales”.
Las leyes peruanas, en efecto, disponen la existencia de nueve categorías de áreas protegidas. En tres de ellas —parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos— sólo está permitido el uso indirecto de los recursos naturales y el paisaje.

Prohibida extracción de recursos
En otras palabras, sólo se puede hacer investigación científica no manipulativa, así como actividades turísticas y recreativas bajo condiciones bien reguladas. No está permitido, en modo alguno, extracción directa de recursos ni modificaciones del ambiente.
Ya en 1998, cuando el territorio se encontraba como Zona Reservada —categoría transitoria antes de que se declare área protegida, según las leyes peruanas—, la empresa estadunidense Mobil Oil inició exploraciones también con fines petroleros. La protesta de ambientalistas y algunas denuncias periodísticas detuvieron el proyecto.
El actual gobierno habría tomado la vía del recorte de Bahuaja-Sonene porque no puede retroceder en materia de legislación ambiental.
Según el artículo 68 de la actual Constitución Política del Perú, “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. Y en el capítulo 18 del tratado de libre comercio con EEUU —ratificado por el Senado de ese país el 4 de diciembre — también se establece esa obligación.
Si parte del parque nacional deja de ser área protegida, cualquier actividad estará permitida. Y lo lógico, como sostiene Capella, es que con los petroleros, también entren los madereros ilegales y los mineros informales. “Tenemos miedo de que esto se convierta en un nuevo Huaypetue”, apunta Ninón Díaz, sub-gerente de áreas protegidas de la Región Madre de Dios, refiriéndose a un desastroso ejemplo de lo que ocurre cuando hay permisividad ambiental.
En Huaypetue, en Madre de Dios, cerca de 15,000 extractores de oro, la mayoría informales, han convertido esta porción de la Amazonia en un desolador páramo. Han llenado los ríos de mercurio, deforestado la zona y hasta hay denuncias de trabajo forzado o esclavitud.
Bahuaja-Sonene podría tener ese destino si se decide optar por la inversión petrolera y, de hecho, en algunos ríos de la vecina Reserva Nacional Tambopata ya se observa la presencia de esos mineros informales.“Cada día hay más”, acota Díaz.
Además se perderían otros potenciales incomparables, que este lugar maravilloso atesora en medio de sus bosques frondosos y su abundante fauna extraña: los servicios ambientales, la posibilidad de utilizar los recursos de la naturaleza de manera inteligente.

Agua bendita
Como explican Capella y Díaz, las inmensas florestas y ríos de Bahuaja-Sonene proveen de agua a otras cuencas y a la vez purifican el curso de otros ríos, como el Tambopata. De ellos se surte de agua, por ejemplo, Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios.
Todo el delicado territorio es como un gigantesco criadero de peces, que luego sirven de alimento a las poblaciones de colonos y nativos que viven en áreas aledañas. A su vez, es hábitat de numerosas especies de fauna, de las que al menos 13 son endémicas.
No es menos importante su aporte, silencioso pero efectivo, a la lucha contra el calentamiento global. Este es uno de esos pocos lugares en el planeta que, de manera incansable, purifica el dióxido de carbono que crece a pasos agigantados y alarmantes.
Eddy Torres, de la Sociedad Zoológica de Francfort, que trabaja en este lugar, recuerda que este bosque esconde aún misterios científicos. En su interior, frondoso y en parte desconocido, podrían encontrarse plantas o animales de gran potencial genético.
Tan dispendiosa es la biodiversidad de este lugar que en el 2002 la Nacional Geographic Society lo declaró como uno de los siete santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Se trata de un ecosistema excepcional, casi intocado por el ser humano.
El gobierno se vio obligado a retroceder en sus pretensiones tras una campaña emprendida por un grupo de organizaciones no gubernamentales y empresas, a través de acciones públicas y de un portal web —www.salvemoscandamo.com—que alude a la zona del Candamo, una de las partes más bellas del parque.
Por el momento, no hay indicios de reciclaje de la extraviada idea. Pero la creciente alza internacional de los precios del petróleo podría hacer que, más temprano que tarde, el gobierno cargue contra quienes defienden esta maravilla.
Fuente: Noticias Aliadas
Foto: Ernesto Benavides

domingo, 2 de diciembre de 2007




Graves enfrentamientos en la frontera Perú-Brasil: los pueblos indígenas se pronuncian

Las organizaciones indígenas e indigenistas, brasileñas y peruanas, que suscribimos el presente pronunciamiento, expresamos nuestra preocupación por la falta de atención a las denuncias que, durante más de una década, hemos efectuado ante la invasión de nuestros territorios, de las Reservas Territoriales Isconahua, Murunahua, Mashco Piro, Madre de Dios, del lado peruano, así como en áreas del Parque Nacional Sierra del Divisor y de la Tierra Indígena Kampa del Río Amonya, en el lado brasileño, por madereros peruanos.


Esta situación viene provocando desplazamientos y migraciones forzadas de poblaciones indígenas en aislamiento hacia territorio de Brasil, generando enfrentamientos con poblaciones Asháninka, Manchineri, Kashinahua, Culina y Yaminahua, en el Estado de Acre.


Frente a estos hechos denunciamos:

a) La política peruana de concesiones forestales que vienen presionando a muchos pueblos aislados de las zonas de Callería, Masisea, Yurúa y Purús, en la región Ucayali.
b) La existencia de proyectos de construcción y apertura de carreteras: Puerto Esperanza – Iñapari y Masaray – Cruzeiro del Sur, que atravesarán zonas habitadas por pueblos indígenas en aislamiento en Purús – Madre de Dios y Callería, Ucayali, respectivamente.
Estas acciones responden al desmedido interés de personas y empresas madereras de enriquecerse a través de la explotación de recursos forestales de alto valor, con la anuencia de las autoridades peruanas, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones sobre los pueblos indígenas aislados de lado peruano y las poblaciones indígenas establecidas en la frontera brasileña.

Por tanto, exigimos:

1. Frenar inmediatamente las invasiones de madereros en territorios indígenas para evitar que los enfrentamientos se agraven y causen más muertes.
2. Sancionar a las empresas que resulten responsables de esta situación, rescindiéndoles los contratos los contratos forestales otorgados.
3. Cancelar los proyectos de construcción de carreteras y cualquier otro tipo de proyecto que afecte la integridad de los territorios indígenas, parques nacionales y, sobre todo, de los territorios habitados por pueblos indígenas aislados.
4. Implementar políticas y mecanismos efectivos de protección de los pueblos indígenas aislados de la frontera Perú-Brasil.
Rio Branco, 02 de diciembre de 2007.
Moisés Piyãko Presidente Asociación Asháninka del Río Amonya, APIWTXA
José de Lima Kaxinawá Coordinador Asociación del Movimiento de los Agentes Agroforestales Indígenas de Acre, AMMAIAC Josimar Pinheiro Sales Kaxinawá Secretario Asociación de Shiringueros Kashinahua del Río Jordán, ASKARJ
Joaquim Maná Kashinawá Coordinador Organización de los Profesores Indígenas de Acre, OPIAC
Francisco Edmilson Ferreira Kaxinawá Consejero Asociación de Productores y Criadores Kashinahua de la Playa de Carapaná, ASKAP
Jorge Domingos Kaxinawá Presidente Asociación de Productores Kashinahua de la Aldea Nueva Frontera, APKANF
Edwin Chota Valera Presidente Asociación de Comunidades Nativas Asheninkas-Asháninkas de Masisea y Callería, ACONAMAC
Jaime Corisepa Secretario Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD
Delegado Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, CIPLACI
Flaviano Medeiros Representante Asociación Kashinahua del Río Breu, ASKARIB
Edilson Rosa da Silva Katukina Representante Asociación Katukina de Campinas, AKAC
Antônio Ferreira Kaxinawá Presidente Asociación Cultura Indígena Humaitá, ACIH
Nilson Sabóia Kaxinawá Presidente Asociación del Pueblos Indígenas del Río Humaitá, ASPIRH
Gilberto Azanha Coordinador Centro del Trabajo Indigenista, CTI
Vera Olinda Sena de Paiva Coordinadora Comissión Pró-Indígena de Acre, CPI/AC
FUENTE: Survival

sábado, 1 de diciembre de 2007



Pueblos indígenas se organizan contra la carretera de la soya en la Amazonía Peruana

por Zachary Hurwitz

La Iniciativa para la Integración Regional de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA) es la versión más reciente de una serie de esquemas desastrosos financiados por bancos internacionales para traer "desarrollo" a la cuenca amazónica. Inaugurado en el año 2000 por los gobiernos de la región quienes aprovecharon de una confluencia de financiamiento regional proveniente de las instituciones financieras internacionales (IFIs), la IIRSA abarca 350 proyectos que son ecológicamente dañinas incluyendo carreteras, represas, oleoductos y
gasoductos, y puertos. Muchos de estos abrirán nuevas áreas a producción agrícola masiva orientada a la exportación, en la cuenca amazónica.

Lo que sigue es una entrevista a Julio Cusurichi, ganador en 2007 del Premio Ambiental Goldman, y representante de la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD).

Una colección de megaproyectos de este tamaño y alcance ofrece la oportunidad para repensar lo que realmente significa el concepto del "desarrollo"—quién lo crea, y quién recibe sus beneficios. IIRSA representa un nuevo capítulo en la larga historia de decisiones tomadas en nombre del "desarrollo" y financiadas por las IFIs, cuyo negocio es el reciclaje del capital internacional para crear incentivos a la expansión del crecimiento corporativo.

Históricamente, megaproyectos de infraestructura financiados por las IFIs en áreas tropicales como la Amazonía han resultado en el aumento de la pobreza, el desplazamiento, un aumento de exponerse a los vectores de enfermedades, la erosión cultural, y conflictos violentos para pueblos indígenas. Sin embargo, los gobiernos de América del Sur y los bancos internacionales han prestado poca atención a las voces de la sociedad civil y las de pueblos indígenas cuyas vidas están directamente y negativamente afectadas por estos proyectos.

La carretera llamada Interoceánica Sur en Madre de Dios, Perú está diseñada para aumentar el transporte de soya brasileña a la costa Pacífica, donde estará exportada a los mercados asiáticos para su uso como alimento agropecuario y para producción de biodiesel. La carretera, ya bajo construcción, es uno entre los primeros 31 proyectos de IIRSA programados para completarse antes del año 2010. La carretera está financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID), y el gobierno peruano.
La carretera expone áreas de la Amazonía Peruana previamente cerradas a la agricultura corporativa y a intereses energéticos. También abre una caja de Pandora sobre los costos y beneficios de la construcción de carreteras en la cuenca amazónica. Para algunos, la carretera representa una oportunidad para que los pequeños agricultores, campesinos, y pueblos indígenas puedan sacar sus bienes al mercado y recibir bienes exportados desde Cuzco y Río Branco, Brasil. Para otros, la carretera aumentará la presión de la agricultura y energía corporativa a las tierras pertenecientes a los ya vulnerables campesinos y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Ya 80% de la Amazonía Peruana está abierta a concesiones petroleras globales. Hunt Oil, de Texas, EEUU, ha adquirido la concesión para el Lote 76, cuyas fronteras se superimponen casi la totalidad de la recientemente creada Reserva Comunal Amarakaeri.

Entrevistado en Puerto Maldonado, ganador del Premio Ambiental Goldman del 2007 y representante de la Federación Nativa de Madre de Dios, Julio Cusurichi cuenta de los impactos de la carretera Interoceánica Sur de IIRSA, la expansión del agronegocio, y el crecimiento de la extracción petrolera para los pueblos indígenas de Madre de Dios, Perú. Cusurichi nota que la construcción de la Interoceánica Sur seguirá los mismos patrones de destrucción de carreteras pasadas en la Amazonía si es que los temas más importantes no se reconcilien, como la necesidad urgente del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la demarcación de sus territorios, la implementación de leyes claras de zonificación económica y ecológica, realización de estudios de impacto ambiental y social íntegros, y proyectos de desarrollo en beneficio de las poblaciones locales.


ENTREVISTA

ZH: Julio, háblanos sobre la Interoceánica—¿cómo va afectar a los pueblos indígenas de Madre de Dios?
JC: El tema de la Carretera Interoceánica para los pueblos indígenas va a ser una amenaza más que una cosa que va a servir—porque el tema de la transoceánica no hay que separar del gran llamado proyecto de desarrollo IIRSA. Que no tiene solamente la interoceánica sino también otros proyectos en toda la cuenca amazónica. A nosotros nos ha preocupado como población indígena donde hemos dado a conocer—uno, estos proyectos casi no están informados a la población regional. Pocas, la mayoría de las personas no tienen conocimiento de los efectos que va a tener esta vía interoceánica.
Uno es el tema de la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Si no garantizamos una seguridad jurídica, vamos a ser expuestos a grandes migraciones que van a entrar por esta transoceánica con el objetivo de querer obtener tierras. Entonces si no tenemos una visión de nuestro gobierno regional y nacional de como garantizar derechos de los territorios de los pueblos indígenas, vamos a tener una seria amenaza.
El otro tema es de los impactos ambientales. Hemos tenido conocimiento que dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), solamente esta diseñado en unos casos—hay zonas directas y indirectas—otro es que han puesto una barrera de tres kilómetros, pero no solamente los impactos van a ser a tres kilómetros—sino van a ser a nivel regional. Eso no esta contemplado en su EIA. Bueno, están cumpliendo la norma que regula lo que es en la zona directa—pero la norma no refleja la realidad regional. Ese estudio, si van a adecuar esa norma, entonces ese estudio no va responder a la realidad.
Nos hemos preocupado ya que ese tema es totalmente preocupante. Uno es que la población no conoce, y otro es que el estudio de impacto ambiental tiene que reflejar una realidad regional. Si es que con ese proyecto carretero no vienen otros paquetes para minimizar los impactos, entonces estamos apuntando a un problema mucho mas fuerte. No se ha terminado una zonificación ecológica-económica en Madre de Dios. Se debería ver estos temas.
Sobre el tema de los agricultores, y el tema de los ganaderos, de todas las personas que ya tienen derechos adquiridos, si no se va tomar en cuenta, va ser muy preocupante. Ahora hemos ya como FENAMAD liderado este tema y puesto en nivel de debate y ahora hay una alianza de federaciones aquí en Madre de Dios que estamos ampliando para presentar observaciones a los EIA.
Presentamos un expediente técnico que observa el EIA de la carretera. Esperamos que estas observaciones sanas y con justicia puedan estar incorporadas a este EIA de la transoceánica para bien de la región. Es una gran preocupación que debemos tener todos, porque sabemos que estos proyectos de Interoceánica y proyectos del llamado desarrollo van a beneficiar a otros grandes intereses no a las poblaciones, que aun no están preparadas y no hay ningún interés del gobierno nacional ni regional para al menos darnos algunos incentivos para prepararnos en todo sentido—económico, social, incluso ver que vamos a ofrecer para al menos beneficiarnos de esa carretera.
Si el gobierno no tiene una promoción de visión sostenible de nuestra región, lo que vamos a ver es que grandes carros van a pasar por acá, de algunos capitalistas del lado brasilero, que allí tienen una visión de hacer grande soya, espacio sembrado de soya que tampoco va ser muy bueno allí, porque en que espacio territorial van a afectar pueblos indígenas, ribereñas, rurales. Entonces es una visión solamente capitalista, no una visión que va ayudar la población gruesa, pobre, de nuestro país.

ZH: ¿Por qué el gobierno peruano no ha demarcado algunas tierras indígenas aquí en Madre de Dios?
JC: Falta demarcación de territorios. Si hay menos demarcados, es mas fácil que el gobierno pueda cooptar la amazonia. Mas demarcado, entonces ya esta ocupado el territorio. Lo hemos ocupado miles de años, pero falta legalidad. Cuando el gobierno habla de ocupación, a veces es una comunidad que no esta reconocida, que no tiene su título—y si no esta reconocida legalmente, no existe al nivel de datos de los países. La existencia ya estaba antes de la formación de los estados nacionales—pero no está reconocida legalmente. Sería la prioridad en reconocer estos territorios. Y no solamente los indígenas, también los castañeros, los pequeños madereros.

ZH:
¿Cuales pueblos no tienen su territorio demarcado?
JC: Por ejemplo hay el pueblo indígena Masenawa—Puerto Azul—y algunas ampliaciones de algunos territorios que están pendientes: arasaire, diamante, y de boca inambari, incluso de pilar. En eso debemos primeramente enfocar y después ver otros temas si es que se puede tocar—si no garantizamos seguridad jurídica a los pueblos indígenas, va a causar un problema fuerte, porque anteriormente con una visión occidental, las primeras titulaciones han sido muy pequeñas. No recogían la integridad del territorio, no recogían donde hasta donde cazábamos, donde hacíamos la actividad cotidiana—nos decían "a ver son 40 indígenas multiplicado por 20 hectáreas". Las primeras titulaciones no eran de visión de un pueblo indígena, de territorio—las últimas titulaciones si son mejor porque hemos puesto una visión de un pueblo integro.

ZH:
¿Tienes una preocupación de cuando y si se cumple la Interoceánica, que empieza a invadir la soya a Madre de Dios?
JC: No solamente va a invadir la soya, sino también va a haber mucha migración. Aquí de repente vamos a llegar a un momento que mucha inversión va a entrar y va a comprar mucho territorio, muchas zonas agrícolas, y vamos a llegar a un tiempo de depender de un solo dueño de muchísimas hectáreas. Y lo otro es que no vamos a tener alternativas que ofrecer. Lo que va a pasar es que vamos a caer de la mano de estas inversionistas.
Y así de repente el mismo problema social y económico que no vamos a poder enfrentar, posiblemente muchos agricultores, castañeros, madereros, van a perder sus derechos porque no van a poder ofertar o negociar y eso si va a causar un caos. Porque el gobierno regional no esta teniendo en cuenta estos temas y no tiene ninguna visión de que hacer de cómo beneficiar enfrente esta carretera haciendo otras actividades sostenibles, el ecoturismo por ejemplo—podemos no duplicar actividades que ya está haciendo Brasil—ya estamos haciendo ecoturismo en algunas comunidades nativas. Entonces como reforzar estas iniciativas, la transformación de algunos productos. Tenemos recursos forestales—vamos a estar vendiendo madera en bruto, o es que ya ponemos una planta de transformación para poner valor agregado, buscar mercado internacional, y no caer en los rematistas?
Todo eso deberíamos estar ya debatiendo pero los gobiernos regionales están durmiendo. Las organizaciones sociales están tocando la puerta para que puedan al menos despertarse y ver verdaderamente como hacer un trabajo regional sobre la economía aquí en Madre de Dios.

ZH: ¿La Interoceánica agravará los problemas existentes de los pueblos indígenas en Madre de Dios?
JC: Sí— uno es el problema de la extracción petrolera. Existen cuatro lotes de hidrocarburos aquí en Madre de Dios. Un 80% de la provincia esta con lotes de hidrocarburos. No ha sido considerado ni tomado en cuenta antes de que den estos lotes petroleros—como cumplir el convenio 169 por ejemplo—se ha dado lotes petroleros al nivel nacional sin interesarles a los habitantes de la amazonia, sean pueblos indígenas o agricultores, todos los que viven acá en la zona amazónica. Aquí en el Perú se toman decisiones desde la capital, no se toma una decisión en coordinación con su gobierno regional y con sus poblaciones existentes. Este modelo esta mal. No se esta cumpliendo el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por el gobierno peruano. Estas actividades de hidrocarburos han sido mucho mas perjudicial que benéficos.
La actividad petrolera ha traído más daño que beneficio. Conocemos los hermanos Achuar, los hermanos Shipibo de Canaan de Kachiyako, los hermanos Machiguenga del río Urubamba, he podido estar allí, y he visto una desesperación de la perdida de su territorio, contaminación de sus ríos, problemas de salud de los niños y ancianos, entonces nos preocupa que el gobierno peruano este dando sin alguna responsabilidad estos cuatro lotes y que esto solamente va a beneficiar un grupo que maneja estas empresas petroleras y no a la población regional.
Otro problema es la tala ilegal, que está avanzando sin que nadie la controle. Nosotros los pueblos indígenas hemos venido demandando desde el 2001 la creación de puestos de control de vigilancias para minimizar impactos de tala ilegal—hemos ayudado al gobierno peruano en impulsar este manejo forestal sostenible. Hemos liderado la aplicación de la ley forestal con una visión sostenible de mucho mas a largo plazo—pero el gobierno sin embargo da las concesiones y se olvida.
Pequeños concesionarios están allí solos queriendo gatear queriendo caminar pero no hay ninguna promoción del gobierno peruano en apoyar estos concesionarios igual como apoya a las grandes empresas petroleras. El gobierno peruano para las grandes empresas petroleras, se endeuda con crédito que pagamos los peruanos, para estas grandes petroleras. Pero para las concesiones forestales, que son empresarios pequeños de la zona, cero—no hay nada. ¿Entonces porque hemos apoyado estas concesiones castañeras? Porque queremos ordenar nuestros territorios para que no haya tala ilegal y sean respetados los derechos de los territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Aquí en Madre de Dios, hay todavía indígenas, hay humanos, hay hermanos de nosotros, que viven en el interior de los bosques, porque en años anteriores de la explotación del caucho, fueron diezmados, vulnerados, están nómadas para garantir la seguridad de sus vidas. Entonces estos indígenas necesitan respaldo y las leyes adecuadas para ellos puedan seguir viviendo en un territorio adecuado que pueda servir para que puedan tener una alimentación y territorio que responde a ellos y no imponerles una nueva visión de vida.
Respetamos su auto-determinación—por eso hemos puesto alternativos como una reserva territorial para ellos que fue aprobado en el 2002—pero no ha servido todo, porque las madereras siguen entrando, miles. En otras palabras, no sirve. No esta cumpliendo su rol para que haya un control de la fauna y la flora. Estamos nosotros mismos haciendo puestos de control y vigilancia con apoyo de amigos aliados para ver como se controla, con un modelo casi de la FUNAI de Brasil. Igual estamos pensando aquí con la FUNAI que vigila los pueblos aislados.
Y el otro problema es, para solicitar a los gobiernos de grandes países como el norteamericano que tienen muchos grandes empresarios—es el tema del cambio climático. No me voy a cansar en decir que esto deben tener mucha mas responsabilidad los países que se dicen desarrollados. Son los que están causando estos grandes cambios climáticos, y no queremos tapar que es la naturaleza que esta respondiendo, sino es el hombre que no tiene una relación harmónica con la naturaleza, por eso es que la naturaleza esta respondiendo mal.
Aquí tiene que ver mucho los grandes inversionistas en este tema del cambio climático. Y el otro pues es que hay convenios que se firman, sin embargo para el tema del tratado Kyoto para el cambio climático, creo que no hay un interés de firmar. Creo que debería haber mucho mas interés en firmar estos tratados que nos van a conllevar al cumplimiento de normas y reglas para minimizar los impactos del cambio climático.
Estamos indicando cual es la visión y como se deben orientar las políticas internacionales en estas realidades amazónicas de los diferentes países. Con algunas visiones de nuestros antepasados que todavía sirven como guías para orientar para que no suceda un grande caos, produciéndose grandes cambios sin tener herramientas para poder mitigar—entonces se necesita ahora dar un nuevo giro, un nuevo cambio para que no estemos hablando de tener grandes epidemias, grandes ventarrones, grandes inundaciones, grandes sequías, y grande contaminación. Se necesita trabajar ambos—los grandes países nos tienen que escuchar, incluirnos en las propuestas de políticas que van a ayudar al cambio climático.

ZH: ¿La Interoceánica puede traer beneficios?
JC: Si, si viene con otros paquetes como te decía. Pero si viene la Interoceánica sola, y la población no puede hablar, debatir, proponer algunas cosas económicas de acuerdo a la realidad, va a ser mas perjudicial para nosotros.
Pero si hay un cambio de querer conversar que actividades hay que hacer en Madre de Dios—primeramente disponer recursos para dar seguridad jurídica—por ejemplo temas ambientales como mitigar, que las propias organizaciones sociales monitoreen el tema ambiental. Entonces con esa participación activa de la zona involucrada, creo que se puede al menos mitigar. La cosa viene desde arriba, se hace eso por ser política nacional—y si se hace sin considerar todos estos puntos que te he indicado, de aquí a 10 años estaremos hablando de un caos muy grande, y espero estar vivo para seguir indicando desde este ángulo lo que ha sucedido. Creo que si vamos a estar existiendo y siempre metiendo estos temas en estos debates.

Escrito por Zachary Hurwitz, Noviembre 8 de 2007
Traducción por: Zachary Hurwitz.

Zachary Hurwitz esta estudiando un posgrado en el departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas-Austin. Durante el 2007 trabajó en el programa sobre IIRSA de Amazon Watch, una ONG ambiental basado en San Francisco, y conctribuye al Programa de las Américas en
http://www.ircamericas.org/.

@ Foto Servindi
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