Conversatorio: Decreto Legislativo 1090: Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Resumen Ejecutivo

Los participantes del conversatorio “Decreto Legislativo 1090: Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, ingenieros forestales, abogados ambientales y profesionales interesados en el sector forestal, después de escuchar las ponencias de expositores y panelistas así como deliberar en plenaria sobre los alcances del DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) llegaron a las siguientes conclusiones:

· La carencia explícita de una política forestal que apueste por la sostenibilidad de los bosques y la competitividad empresarial forestal impide que se pueda dirigir el debate del nuevo marco forestal en un sentido coherente. Se requiere que las discusiones puedan orientarse dentro de un marco de políticas de Estado y no sólo como reacciones a contenidos parciales del DL 1090

· El nuevo marco forestal ha sido elaborado sin los adecuados mecanismos de consulta y participación de los sectores involucrados y se aprecia nítidamente que hay un sesgo para favorecer plantaciones de biocombustibles.

· Si bien es cierto que la anterior Ley 27308 no era perfecta recogía elementos fundamentales para avanzar hacia la institucionalización de manejo forestal sostenible. El modelo de concesiones y el manejo forestal en comunidades que han significado que a la fecha existan más de medio millón de hectáreas certificadas bajo estándares internacionales pone de manifiesto que el modelo tenía interesantes perspectivas de desarrollo. Con el marco de la nueva Ley todo ello queda en la incertidumbre sin tomar en cuenta que ha habido empresarios y comuneros que han apostado por el manejo forestal, que han realizado inversiones y que necesitan estabilidad política, normativa y social para poder seguir desarrollándose. Las propuestas iban en el sentido de mejorar la Ley 27308 y no de cambiarla ni menos de debilitar el manejo de los recursos forestales.

· El nuevo marco legislativo forestal tiene visos de inconstitucionalidad y de ilegitimidad no sólo, por que no han participado los actores involucrados en la actividad forestal, sino porque debilita la participación de la sociedad civil contrariando los compromisos asumidos frente a la Enmienda del TLC.

· La institucionalidad forestal se encuentra en una situación incierta y se aprecia una vocación centralista que se desdice del proceso de descentralización en el que el país está incurso. Además no se soluciona el tema de la gestión efectiva de la autoridad forestal. Para la envergadura del sector forestal en el país se necesita una institucionalidad que tenga el rango de Viceministerio. Además se requiere una adecuada coordinación intersectorial y una participación activa de los actores involucrados para facilitar la gobernabilidad del bosque.

· Se ratifica el hecho de que no existe una voluntad política para la lucha efectiva contra la tala ilegal. Se aprecia que la orientación de las penalidades está dirigida más hacia los extractores y no se reconoce el carácter de crimen organizado de la tala ilegal en el país. Así mismo se dilata la evaluación objetiva de rendimientos que garantice un aprovechamiento sostenible y que corte las posibilidades de blanquear madera ilegal.

· Se reconoce que la figura de acceso directo a concesiones ya existe en el actual marco normativo, no obstante la nueva modalidad de acceso creada a solicitud de parte deja mucho margen para la discrecionalidad del funcionario lo que eventualmente abre puertas para la corrupción.
· Las facultades delegadas por el Legislativo al Ejecutivo no han cumplido su propósito fundamental de acercarse lo más posible a las exigencias del Anexo Forestal del TLC con los Estados Unidos de América y por el contrario pone en riesgo otros TLC con otros países incluyendo la Unión Europea. Esto no sólo afecta al sector forestal sino también a otros sectores económicos que tienen cifradas sus esperanzas en el TLC para ampliar su cobertura de mercados.

Por todo lo discutido los participantes plantean la inmediata derogatoria del DL 1090. La tesis que los defectos de la Ley puedan mejorarse a través de la reglamentación no tiene sustento por cuanto como se ha señalado hay problemas de fondo. El Capítulo de Ingeniería Forestal se compromete a aportar con contenidos técnicos que contribuyan a que en el más breve plazo se pueda contar con una Ley promotora que modernice al sector y extienda los beneficios de los bienes y servicios de los bosques a toda la sociedad peruana.

Lima, 23 de julio del 2008

JUNTA DIRECTIVA
CAPÍTULO DE INGENIERÍA FORESTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

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Peruanos Achuar luchan contra gigante petrolera en EEUU

"Ayer nos enteramos que Beverly Hills está construida sobre un yacimiento de petróleo casi tan grande como el de nosotros, y se les consultó a sus habitantes si querían que se explotara y dijeron que no, entre otras cosas por la contaminación ¿Por qué no tenemos el mismo trato?" Expresó Lily La Torre

Lily en su carácter de abogada acompañó a líderes Achuar, a Los Ángeles para asistir a la adiencia pública en la corte federal que debía decidir si tiene lugar la demanda presentada contra Occidental Petroleum (Oxy) por violación de derechos humanos por haber contaminado territorios Achuar durante más de 30 años de explotación petrolera, audiencia que se anuló, proceso previsible en la legislación norteamericana, el Juez, decidio pocas horas antes, que no necesitaba una audiencia publica de la vista oral previa, para tomar su decision
Les apoyó la actriz Daryl Hannah, portavoz del grupo Amazon Watch Hannah, y reconocida activista del medioambiente quien explicó: "Oxy estuvo botando ilegalmente en los ríos 850.000 barriles diarios de desechos tóxicos por tres décadas y ni siquiera han revelado qué químicos son esos que usaban para perforar la tierra",
Lily La Torre, quién lleva la causa en defensa de los Achuar, declaró a medios de prensa en Los Ángeles que además de una limpieza de las tierras buscan "una indemnización económica por los daños provocados"
Explicó que Occidental Petroleum se retiró de Perú hace más de ocho años, en el año 2000 y niega toda responsabilidad sobre las acusaciones de los impactos negativos en la salud de la comunidad como resultado de sus operaciones.

Nos informa que, en esta etapa tienen que superar la dificil barrera de la norma del sistema legal norteamericano denominado "Foro no conveniente" por el cual el juez determina si el caso prosigue en la corte federal de California o si la denienga, enviandola a Peru, lo que espera la empresa petrolera.

Todos los demas eseramos que Esperamos que el caso se quede alla, por "razones vinculadas a mas oportunidades de conseguir justicia... " como señala Lily La Torree.

Este espacio estara atento para brindarles información del proceso.

Imagenes de mayo del 2007, en EEUU

Apu Tomas Maynas de la comunidad achuar Jerusalem del Corrientes, quien encabeza la demanda y Petronila Chumbi dirigenta de FECONACO

APU THOMAS MAYNA CON ABOGADOS EARTHRIGHTS

APU THOMAS MAYNA CON DEMANDA EN LA MANO, FUERA DE LA CORTE.

Fuente: Asociación Racimos del Ungurahui

Calle Islas Cananas Mz J-6, Lt 20 Urb. Cedros de Villa ChomlloLima, Perú.
Tfno. 51 1 254 8744 - Fax: 51 1 254 2490

/ AFP

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POSICIÓN DEL CONSEJO INTEREGIONAL AMAZÓNICO - CIAM

FRENTE A LOS PROYECTOS DE LEY 840 Y 1770, EL DL 653 Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DE LA AMAZONÍA


Los Gobiernos Regionales Integrantes del Consejo Interregional Amazónico, representados por los Presidentes de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, reunidos en la ciudad de Tarapoto, los días 10 y 11 de febrero para su IV Reunión, ante la existencia del Proyecto de Ley 840, modificatorio de la Ley 28852 de Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, denominada “Ley de la Selva”, DL 653 y los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, expresamos lo siguiente:

1. Concordamos plenamente en la necesidad de impulsar activamente la inversión privada en las actividades de reforestación y/o agroforestería en la amazonía peruana, tanto por sus positivos impactos socioeconómicos como ambientales, en un contexto de asegurar el derecho de las personas a la vida, los beneficios de los servicios ambientales de producción de agua, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad.

Conocedores de la realidad en nuestras regiones creemos necesario, para propiciar dichas inversiones en la Amazonía, contar con un marco promotor que incluya los siguientes aspectos:

a) Como CONDICIÓN PRIMIGENIA se requiere el reconocimiento de derechos existentes, que implica la formalización de la propiedad y elaboración del correspondiente catastro. Como consecuencia se tendrá la información sobre áreas sin cubierta forestal, bajo dominio del Estado, susceptibles de ofertar con fines de reforestación.
b) Aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica y respeto a aquellos procesos realizados por los Gobiernos Regionales en el otorgamiento de nuevos derechos de propiedad o de concesión para el desarrollo de actividades de reforestación o agroindustria.
c) Consolidación del Marco Normativo e Institucional, transfiriendo las debidas competencias a los Gobiernos Regionales y fortaleciendo sus capacidades para el otorgamiento, supervisión y promoción de dichas actividades económicas.
d) Las resoluciones de las instituciones que dirijan estos procesos, estarán condicionadas a la conformidad que establezcan los Gobiernos Regionales
e) Desarrollo de un marco institucional y financiero favorable al desarrollo de inversiones en proyectos socialmente inclusivos, que contribuyan sustantivamente a la superación de la pobreza, al cumplimiento de la normatividad ambiental, y a la reducción de actividades ilegales. Lo que comprende la aplicación de esquemas como el PFE – Producto Financiero Estructurado, ya probado por COFIDE para fines similares, así como instrumentos de garantía, o cobertura de riesgos, a los inversionistas para posibilitar alianzas con productores locales y el desarrollo de cadenas productivas.

De acuerdo a lo descrito, solicitamos la suspensión del debate del proyecto en la Comisión Permanente del Congreso hasta que se cumplan con los requisitos establecidos en los ítems anteriores.

2. De igual modo, conocedores del Proyecto de Ley Nº 1770, creemos que:

a) El proceso de transferencia de funciones de titulación a favor de los Gobiernos Regionales no deberá ser suspendido, por lo que las funciones de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas deberán ser realizadas por los Gobiernos Regionales conjuntamente con COFOPRI.
b) En dicho contexto, el catastro rural también deberá ser realizado conjuntamente por COFOPRI y los Gobiernos Regionales, utilizando como herramienta para el mismo los procesos de Zonificación Ecológica y Económica.
c) Las poblaciones ribereñas (comunidades ribereñas, propias de la amazonía baja) también deberán ser consideradas en el contexto de este proceso de formalización de tenencia de la tierra, bajo un régimen de propiedad comunal.

3. Asimismo, habiéndose iniciado la aplicación del Decreto Legislativo 653, de Promoción de la Inversión en el sector agrario, en el ámbito del territorio amazónico, mediante el cual se vienen adjudicando – privatizando zonas forestales para cambios de uso (agropecuarios). Constatamos que la aplicación de esta norma en la amazonía viene ocasionando conflictos socio ambientales por lo que solicitamos su inmediata revisión y/o derogatoria, entre otras, por las siguientes razones:

a) No existe un catastro actualizado de la posesión de las tierras, estas se adjudican sin respetar los derechos adquiridos con anterioridad.
b) Se vienen produciendo conflictos sociales, incluso violentos, entre los que vienen ocupando y usando la tierra con los nuevos dueños.
c) El cambio de uso viene ocasionando el desbosque en zonas con vocación forestal y de protección de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica, la cual no se respeta porque en el procedimiento de la norma utiliza el mapa desactualizado de Capacidad de Uso Mayor del INRENA del año 1975, generando impactos ambientales negativos como la pérdida de: caudales, biodiversidad, servicios ambientales, entre otros.
d) La valorización para la adjudicación no se realiza de acuerdo al valor real del bosque (madera, resinas, semillas, servicios ambientales, etc) lo que hace que las tierras se subvalúen, algunas incluso han sido valorizadas en 18 soles la hectárea.
e) Esta competencia: “adjudicación de tierras para cambio de uso”, debería ser de los Gobiernos Regionales, en coordinación con los Gobiernos Locales; de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial y subsidiariedad correspondiente

4. Finalmente, solicitamos al señor Presidente de la República, la aprobación de los LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que fue trabajada por el Comité Técnico Consultivo Nacional de la ZEE – OT; que al momento se encuentra en el despacho Presidencial lista para la firma.

Tarapoto, 11 de Febrero del 2007.
Firman los 5 presidentes regionales amazónicos

Fuente:
Karina Pinasco Vela, MSc.
Amazónicos por la Amazonía - AMPA
Conservando la Vida, para compartirla contigo
http://www.ampaperu.org/

Nota adicional

Posición suscrita en la cuarta reunión del Consejo Interamazónico, realizada en la ciudad de Tarapoto y entregado al Primer Ministro, Ministro de agricultura, Ministra de Turismo, Ministro de Energía y Minas, viceministros y secretarías técnicas. El CIAM se contituye el 15 de enero del 2007 por iniciativa del presidente de la región San Martín. La Secretaría Técnica conformada por un representate de cada Gobierno Regional y por un representante del Consejo Nacional del Ambiente CONAM y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP @ Fotografía: CIAM

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"Un vacío más en el horizonte"

Por Luis Felipe Gamarra

AL TERMINAR ESTE INFORME, HABRÁ 27 HECTÁREAS MENOS DE BOSQUES EN EL PERÚ. NO PARECE MUCHO, PERO PODRÍA SIGNIFICAR EL FIN DE UNA ERA CON OXÍGENO. PESE A TODO LO QUE SE DICE SOBRE EL TEMA, Y DE TODO EL DRAMA QUE LE PONGAN LOS EXPERTOS, EN EL PAÍS NO EXISTE NINGUNA MEDIDA PARA DETENER LA TALA ILEGAL

En 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol, se deforesta en el Perú el equivalente a 43 campos donde se practica el mismo deporte. Imaginemos de pronto que existe un determinado número de canchas y que en cada partido estas se van esfumando. No necesitamos ser analistas deportivos para saber que antes de finalizar el campeonato no habrá ningún lugar donde seguir practicando el deporte más adictivo del país. Pero quizá la metáfora no resulta dramática.

Hablemos entonces de porcentajes. El Banco Mundial estima que el costo anual por la degradación ambiental del país equivale al 4% del PBI, aproximadamente S/.8.200 millones. De ese porcentaje, 0,5% le corresponde a la deforestación, equivalente a S/.1.025 millones.

En el 2004, la Cámara Nacional Forestal y la Universidad Agraria La Molina estimaron que las actividades de tala ilegal extraen yvenden más de 60.000 m3 de madera al año, que representa un valor de mercado de US$72 millones. Ese mismo año, el International Timber Trade Organization consideró que del total de la madera exportada, el 70% era de origen ilegal.

En el libro "Análisis Ambiental del Perú: Retos para un Desarrollo Sostenible", del Banco Mundial, se señala que en el Perú no existe una institución autónoma que exija que se cumpla con la normativa ambiental. En los próximos días, el TLC, incluyendo la adenda forestal, que exige que toda madera exportada provenga de bosques responsables, podría aprobarse y, pese a los debates, las iniciativas, las promesas, los foros y las mesas de diálogo que existen en torno al tema forestal, hasta la fecha, no existe ninguna medida concreta que logre ponerle fin al comercio ilegal de la madera.

ORO ROJO

En la selva, se conoce a la caoba con el nombre de oro rojo, por el color escarlata que lleva por dentro. Hace exactamente un año, como una de las tantas medidas que existen para detener la tala ilegal del oro rojo de la selva (el producto forestal más costoso del mundo), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), fomentó la certificación forestal voluntaria, un mecanismo que garantizaba que la madera explotada era de procedencia legal. Inclusive el Inrena se comprometió a reducir el pago por derecho de aprovechamiento, equivalente a US$1 por hectárea (las concesiones forestales abarcan desde las 5.000 y las 40.000 hectáreas), hasta un tope de 70%, a las empresas que certificaran su bosque y su cadena de custodia. Sin embargo, de los 7,5 millones de hectáreas en concesión, existe un total de 600.000 certificadas: 425.000 son de caoba. Esto representa en madera cerca de 1.000 m3, que en dinero significa US$1,5 millones, que no llegan ni al 3% de los US$52 millones de caoba que se exportaron en el 2006, según cifras del Ministerio de Agricultura.

El año pasado, Rafael Tolmos, entonces presidente del Comité de Maderas de ÁDEX, negó que el gremio de madera exportara un 90% de madera ilegal o blanqueada, como aseguraban los ambientalistas. Pero aceptó que podría tratarse de un 40%. Hasta el pasado viernes, Micha Torres era representante del mismo comité y negó que los exportadores de madera sacaran del país un solo tablón ilegal: "Será el 40%, pero de la empresa del señor Tolmos". Maderera Bozovich, donde trabaja Tolmos, es el principal exportador de caoba, según cifras de Prómpex. En el primer semestre del 2007, la empresa exportó US$15,5 millones.

La ONG World Wildlife Fund (WWF) Perú intenta convencer a empresas americanas, las principales compradoras de madera peruana, de adquirir caoba solo de empresas certificadas. "Es ordenar el mercado a partir de las leyes de la oferta y la demanda", explica Steve Gretzinger, coordinador forestal del programa Global Forest and Trade Network de WWF. En la reserva del Alto Purús, el costo por talar un árbol de caoba es de S/.2.000; en Puerto Maldonado llega a S/.10.000; y ya en Lima, debidamente blanqueada, un exportador podría comprarla por S/.35.000. Esa caoba en EE.UU. costaría US$74.000 (S/.259.000), 170 veces más de lo que costó extraerla, según Gretzinger.

HECHOS LEÑA Indonesia se ha transformado en el tercer país que emite más gases de efecto invernadero en el mundo, después de Estados Unidos y China, por culpa de la tala indiscriminada de sus bosques. En el 2004, el gobierno de ese país estipuló que los madereros de las ínsulas indonesas solo podrían exportar madera manufacturada. Entonces, Indonesia perdía cada año cerca de US$4.000 millones entre ingresos e impuestos. Pese a las medidas, en el 2007 se estima que el 70% de la madera manufacturada es de origen ilegal. En el Perú, la madera manufacturada alcanza apenas los US$10 millones, lo que equivale al 9% de las exportaciones de madera.

Brasil, con todo su poder económico, no ha podido hacerle frente a las mafias madereras. Bolivia, que lideraba la certificación de bosques en América Latina, está mostrando retrocesos. Evo Morales, en Bolivia, está otorgando terrenos concedidos a diversas comunidades. El Perú, pese a sus carencias, deberá encontrar una manera de ponerle fin, antes de que el partido haya terminado.

Suplemento DIA 1 El Comercio - 1 de Octubre 2007